
En un reciente mensaje en redes sociales, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, aplaudió la operación del Ejército Nacional que llevó a la liberación de 292 menores de edad reclutados por diversos grupos armados ilegales.
La congresista utilizó esta ocasión para hacer un llamado a la erradicación del reclutamiento forzado de menores y para resaltar las diferencias entre el actual Gobierno, de Gustavo Petro, y el anterior, de Iván Duque, en cuanto a políticas de protección infantil en el contexto del conflicto armado.
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Pizarro elogió el trabajo del Ejército Nacional, al señalar en su publicación de X: “Nadie quisiera que nuestros niños, niñas y adolescentes de Colombia fuesen reclutados; todo grupo al margen debe abstenerse de seguir esta práctica. Felicito el trabajo del @COL_EJERCITO, y ojalá pudiésemos llegar a que se liberen todos los NNA reclutados. Es tan distinto un Gobierno que le apuesta a la vida de aquellos que le apuestan a la muerte. @petrogustavo”.
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El comentario de la senadora se acompañó de una captura de pantalla de un titular de prensa que reportó bombardeos durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Estos ataques, que se llevaron a cabo contra grupos guerrilleros, resultaron en la muerte de menores de edad, un hecho que sigue siendo objeto de controversia y debate público.

La noticia señala que, desde el 1 de enero hasta el 27 de agosto de 2024, el Ejército de Colombia liberó a 292 menores que habían sido reclutados por grupos armados ilegales. En comparación, durante todo 2023, que se lograron recuperar 413 menores.
De esta manera, la senadora aprovechó el momento para destacar el contraste entre las estrategias de los dos gobiernos, abogando por una política que priorice la vida y la seguridad de los menores, en lugar de estrategias que podrían poner en riesgo a los niños y adolescentes en el contexto de operaciones militares.
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La publicación de María José Pizarro suscitó diversas reacciones, especialmente porque muchos consideran ilógico que compare ambos gobiernos, en particular dado que el actual ha estado envuelto en una serie de controversias relacionadas con la seguridad en el país. La percepción general es que se ha visto un aumento en la violencia en varios sectores durante el actual mandato.
Controversia por bombardeos en el gobierno de Iván Duque
En el contexto del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que buscaba poner fin a décadas de conflicto armado, la situación en Colombia ha evolucionado de manera compleja.
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Así, el gobierno de Iván Duque, que estuvo en el poder entre 2018 y 2022, implementó una política de seguridad centrada en la eliminación de líderes de grupos delictivos, priorizando las operaciones militares sobre la protección de la población civil. Esta estrategia fue objeto de críticas, especialmente en relación con las operaciones militares que han resultado en la muerte de civiles, incluyendo menores de edad.

Un caso particularmente polémico ocurrió en agosto de 2019, cuando un bombardeo en San Vicente del Caguán, llevado a cabo por las Fuerzas Armadas colombianas, resultó en la muerte de ocho menores, entre las 14 personas asesinadas. Los exámenes forenses revelaron la presencia de niños en el campamento atacado, lo que generó un intenso debate público y culminó en la renuncia del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, que había atribuido los asesinatos a los grupos guerrilleros sin reconocer la presencia de menores.
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En la primera mitad de 2021, la operación militar en Calamar, Guaviare, volvió a levantar controversia tras el asesinato de ocho niños durante una operación que el gobierno presentó como conforme al derecho internacional humanitario. La reacción de Diego Molano, el sucesor de Botero en el Ministerio de Defensa, que descalificó a los niños reclutados como “máquinas de guerra” y afirmó que dejaban de ser víctimas al cometer crímenes, intensificó la polémica.
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