La restructuración de la UNP con la llegada de Abelardo de la Espriella: esto es lo que piden los sindicatos al nuevo Gobierno

Tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia, una de las entidades que más podría tener cambios es la Unidad Nacional de Protección (UNP), que actualmente es liderada por el exM-19 Augusto Rodríguez.

En diálogo con Infobae Colombia, el presidente del sindicato Analtraseg, Giovanni Gallo, expuso su visión sobre la situación interna y los desafíos que enfrenta la entidad, destacando inicialmente que la institución requiere una reestructuración profunda para corregir prácticas que, según afirma, han deteriorado su misión de protección.

“Las entidades son entes ficticios, como dice la ley, ellas no tienen pensamiento propio. Las que la dirigen son las que la vuelven una entidad buena o mala. Esta ha sido la peor administración que hemos tenido”, declaró Gallo, que habló de “misionalidades ficticias” creadas para proteger a personas afines a la dirección, incluyendo a quienes, a su juicio, deberían estar bajo protección de la Fiscalía y no de la UNP.

Los cambios que necesita la UNP

Gallo hizo énfasis en la necesidad de reformar la Dirección de Análisis y Evaluación del Riesgo. Planteó que la mayoría de los evaluadores son contratistas, conocidos como UPS, que en la mayoría de los casos suelen enfrentarse a sobrecarga laboral y presión para producir informes mensuales, lo que incide en la calidad y objetividad de los estudios de riesgo.

El sindicalista advirtió que, debido al modelo actual, los evaluadores no siempre cuentan con la colaboración de otras entidades estatales como la Fiscalía o cuerpos de inteligencia, pues la información permanece como reserva del sumario, lo que obliga a los evaluadores a decidir con base en la buena fe de los solicitantes y genera, según Gallo, la asignación injustificada de esquemas de seguridad.

“Muchos esquemas son puestos sin necesidad de que la persona lo necesite, sino por la presión que ejercen sobre el evaluador para que dé resultado y pueda recibir su salario. Esto da para crear situaciones anómalas o no tan ciertas de seguridad de la persona”.

Otra de las denuncias apuntó a la manipulación que pueden ejercer los directivos sobre los contratistas: “Si no cumple la orden de un directivo de acreditarle o dar positivo dentro de la matriz a un personaje para que le asignen un esquema de seguridad, a esta persona simplemente la van a echar”, advirtió Gallo, que sostuvo que esto ha derivado en un aumento injustificado de esquemas, con escoltas que terminan realizando labores ajenas como mensajería o cuidado personal para allegados de funcionarios.

En cuanto a la composición profesional del personal encargado de evaluaciones de riesgo, Gallo señaló que hay personal de administradores de empresa, veterinarios, enfermeros, que nada tienen que ver con la evaluación del riesgo, y propuso que el personal antiguo sea reubicado en los nuevos esquemas y que se eliminen aquellos esquemas asignados “por dedo” o por decisión directa de la dirección anterior.

Respecto a los cargos directivos, Gallo aseguró que se crearon empleos para generar burocracia: “Ahora hay direcciones y subdirecciones para todo, unas totalmente inventadas”.

En el ámbito de las empresas contratistas que suministran escoltas, el presidente del sindicato denunció presiones para contratar personal sin la experiencia requerida.

“La unidad refiere muchos escoltas sin preparación, sin tener la experiencia”, reclamó el sindicalista, que afirmó que estas prácticas ponen en riesgo a los protegidos y afectan la estabilidad laboral del personal antiguo, que se ve desplazado por recomendaciones políticas o intereses empresariales.

Sobre la capacitación, Gallo propuso que los cursos para escoltas tercerizados sean híbridos, dictados tanto por empresas privadas como por el Estado, y enfocados exclusivamente en la protección de dignatarios.

Por último, Gallo advirtió sobre los convenios interinstitucionales que mantiene la UNP con entidades como la JEP, el Congreso de la República, gobernaciones y alcaldías. Señaló que varios de estos convenios no han sido actualizados ni cobrados, generando un detrimento patrimonial para la entidad: “Esto hay que recuperarlo, hay que lograr que estos dineros entren a las arcas de la UNP y de esta forma fortalecer la parte económica de ella”.