Una reciente investigación realizada por El Colombiano sacó a la luz un controvertido contrato entre la Superintendencia de Servicios Públicos y la influenciadora digital Laura Camila Vargas, conocida por su presencia en redes sociales como Instagram y TikTok. El contrato, que asciende a $46.809.089, fue firmado bajo la modalidad de contratación directa, y su propósito es fortalecer la comunicación pública de la Superintendencia a través de la creación de contenidos informativos y pedagógicos.
El contrato de Vargas establece que su rol incluye la elaboración de contenidos digitales que faciliten la comprensión y apropiación de la gestión de la Superintendencia. Sin embargo, el contrato deja ambiguo si estos contenidos deben ser divulgados a través de las redes sociales personales de Vargas, lo que ha generado serios cuestionamientos éticos y posibles conflictos de interés.
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Apoyo tácito a las instituciones y sus funcionarios
Según El Colombiano, la influencer Vargas publicó recientemente un video en Instagram en el que critica a las empresas del sector energético, en particular a la empresa Air-e, que opera en la región Caribe. El video, que fue creado sin advertir a su audiencia sobre el contrato con la Superintendencia, contiene críticas severas hacia las empresas energéticas y elogios a la Superintendencia y a su directivo, Dagoberto Quiroga, por su papel en la regulación de tarifas y la defensa de los consumidores. En el video, Vargas no hizo ninguna aclaración sobre la naturaleza pagada del contenido ni sobre su relación contractual con la entidad pública.
“Inhumano es tener que elegir entre hacer mercado o pagar la luz”, dice la descripción del video en sus redes sociales. El clip inicia con una arremetida contra la empresa Air-e que tiene a su cargo la prestación del servicio en el Atlántico y otros departamentos de la Costa. “A parte de tener que elegir entre hacer mercado o pagar la luz, las familias de la Costa tuvieron que enfrentarse el mes pasado a cortes programados por la empresa Aire. Imagínate tu vivir en tremendo calor y no tener cómo prender un ventilador. Inhumano”, señala en el video Vargas.
El informe de El Colombiano también revela que la Superintendencia de Servicios Públicos, bajo la dirección de Quiroga –cercano al presidente Petro y fue representante legal de Colombia Humana–, ha estado en el centro de importantes reformas en el sector de servicios públicos, en particular en la regulación de precios de la energía.
Este sector ha sido uno de los puntos críticos del Gobierno de Petro, que ha presionado por una disminución de tarifas, incluso regañando públicamente al ministro de Energía, Andrés Camacho, por no lograr esta meta.
El contrato con Vargas y los contenidos publicados en sus redes sociales parecen indicar una estrategia más amplia por parte del gobierno para influir en la opinión pública y en los actores del sector energético a través de narrativas creadas por influenciadores. Esto contrasta con las afirmaciones de otros influencers, como Walter Rodríguez, conocido como Wally, que ha negado que reciban pagos para expresar opiniones en sus redes.
La investigación de El Colombiano ha generado preocupación sobre la transparencia y la ética en el uso de las redes sociales por parte de influenciadores digitales contratados por el Gobierno. La falta de claridad sobre qué contenidos son pagados y cuáles no, junto con el uso de información de entidades públicas para crear estrategias de comunicación que podrían afectar la imparcialidad de la Superintendencia, plantea serias dudas sobre el manejo de la comunicación estatal.
Tres fuentes dentro de la Superintendencia confirmaron a El Colombiano que los videos publicados por Vargas fueron elaborados con un guion inicial y aprobados por el jefe de comunicaciones de la Superintendencia, Fabio Rodríguez. Tanto Vargas como Rodríguez defendieron la legalidad y transparencia del contrato, argumentando que el trabajo de Vargas está enfocado en la asesoría en comunicaciones y no está relacionado directamente con el contenido que publica en sus redes personales.
Este caso ha desatado un debate sobre el rol de los influencers en la comunicación gubernamental y la necesidad de una mayor transparencia y ética en la relación entre el Estado y los creadores de contenido digital.
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