El Sindicato de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) denunció serias irregularidades dentro de la entidad que ponen en riesgo su estabilidad y funcionamiento. De acuerdo con los gremios Andett, Sunet, Atconvial y Actdemp, desde la llegada del secretario general Deimer Mauricio Mosquera Lozano, los procesos administrativos se han ralentizado debido a la intervención directa en trámites que, según el manual de funciones de la DTB, no le competen.
Además, se identificaron actos administrativos irregulares que afectan la situación laboral de los funcionarios, reflejando un desconocimiento de las funciones inherentes al cargo de secretario general.
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Los sindicatos también denunciaron situaciones de persecución laboral hacia sus miembros. Afirman que el jefe de la Oficina de Talento Humano ha solicitado documentos privados de los sindicatos, actuando en violación de los derechos de asociación sindical. Señalaron, además, vulneraciones de los derechos de los funcionarios con recomendaciones médicas, mediante procesos de reubicación laboral que no cumplen con la normativa vigente, lo cual podría inducir a errores administrativos.
Otra acusación grave es que el secretario general ha ocultado información de compromisos y recomendaciones de empresas y entes de control a la Dirección General: “Tenemos conocimiento que se presentado recomendaciones, sugerencia e incluso compromisos de parte de empresas y entes de control con la DTB y firmadas por el secretario general quien ha ocultado esta información a la dirección General, poniendo en riesgo la institucionalidad, el funcionamiento de la entidad y la integridad y seguridad jurídica del señor director”, solicitaron los sindicatos en una carta enviada al alcalde Jaime Andrés Beltrán.
Estas acciones, según los denunciantes, han forzado al director a intervenir directamente en diversas comisiones, tales como la de provisión de cargos de carrera administrativa, lo que afecta la ejecución de sus funciones principales.
“Ha entorpecido y llevado a error los procesos de selección para la provisión de los cargos de carrera administrativa (encargo) lo que ha llevado a que el director general haya tenido que dejar de lado funciones esenciales para entrar a formar parte directa de la comisión de personal y ordenar la revocatoria directa de varias resoluciones”, puntualizaron.
Por todo lo anterior, los sindicatos pidieron el cese inmediato de Mosquera Lozano en su cargo, sosteniendo que su permanencia solo retrasará los procesos y bloqueará el desempeño de las funciones y proyectos de la DTB.
En las últimas semanas, la situación de transporte en Bucaramanga ha estado en incertidumbre debido al futuro de Metrolínea, el principal sistema de transporte de la ciudad que actualmente, atiende a unos 18.000 pasajeros al día. Este descenso en la demanda se ha visto agravado por problemas como la ejecución de contratos, la vandalización de estaciones, la escasa oferta de vehículos y frecuencias de servicio insuficientes.
En términos de infraestructura, se han destinado cerca de $1 billón, de los cuales el Estado ha cofinanciado $693.000 millones. El Ministerio de Transporte indica que todas las inversiones cofinanciadas se han completado y pagado al 100%, aunque el Portal de Floridablanca no fue parte de esta cofinanciación.
Para enfrentar la crisis financiera, Metrolínea ha intentado reestructurar sus deudas bajo la Ley 550 de 1999, pero sin resultados satisfactorios. En respuesta, el Ministerio de Transporte, junto con la Superintendencia de Transporte y el apoyo del Ministerio de Hacienda, convocaron reuniones con las autoridades territoriales.
La ministra de Transporte, María Constanza García, ha liderado diálogos con Metrolínea, el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y equipos de las alcaldías de Girón, Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga, así como con la Gobernación de Santander. En estas, el Área Metropolitana de Bucaramanga y Metrolínea han presentado tres alternativas para la recuperación del sistema, aunque han señalado que se necesitan $30.000 millones para comenzar con la implementación de estas soluciones.
No obstante, el Ministerio de Transporte aclaró que la responsabilidad de gestionar estos fondos no recae en el Gobierno nacional. “La cartera insistió en que cualquier alternativa seleccionada debe asegurar la prestación del servicio de transporte con un nivel adecuado de calidad y solucionar los problemas laborales de los trabajadores del sistema”, dijo la ministra García.
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