Investigan a Claro por presunto desvío de subsidios de internet para estratos 1 y 2

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el rechazo a la petición de garantías pedido por la empresa de telefonía Claro Colombia, que solicitaba el cierre de una investigación en su contra por el presunto desvío de subsidios entregados por el Gobierno nacional, con el que pretendían llevar el servicio de internet a los colombianos de estratos 1 y 2.

De acuerdo con el informe revelado por W Radio, la empresa telefónica ofreció el servicio a la ciudadanía mencionada por un valor de 21.500 pesos por un periodo de dos años, teniendo en cuenta que esos estratos estaban en el programa Última Milla del Ministerio de las Tecnologías, Información y Comunicaciones (TIC).

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Adicionalmente, Claro Colombia propuso que este servicio sea con las tarifas propuestas por la cartera tecnológica en 2023, es decir, que las tarifas del servicio de internet para los estratos 1 y 2 no serían por 21.500 pesos, sino que serían de 9.900 pesos (estrato 1) y 21.780 pesos (estrato 2), respectivamente.

Ante ello, otras compañías como Movistar y UNE manifestaron su desacuerdo frente a la propuesta de Claro, al considerar que estarían incurriendo en presunta competencia desleal. Por ello, la SIC señaló que esta no es garantía suficiente, y decidió continuar con la investigación.

Desde el mes de agosto del año 2022, la SIC abrió la investigación a Claro por competencia desleal frente a otras compañías telefónicas, por lo cual recibió una multa de 2.463 millones de pesos.

“Comcel (o Claro Colombia) habría utilizado de manera irregular estos subsidios para destinarlos a ofrecer las ‘tarifas sociales’ a un número importante de usuarios que no reunían los requisitos mencionados y que eran clientes de sus competidores. Lo anterior, con el fin de obtener mayor clientela”, mencionó la SIC en su momento.

Además, la SIC evidenció que “el operador estaba condicionando el acceso de los planes a la suscripción de contratos empaquetados y al no ofrecerlos de manera individual, como se acordó en las condiciones del Ministerio de las TIC, se indujo en error, engaño y/o confusión a los consumidores que pretendían adquirir este servicio”.

De igual manera, la entidad sostuvo que el beneficio otorgado por Claro, “solo aplicaba a usuarios nuevos, es decir, a titulares o miembros de su núcleo familiar que no contaran con el servicio de internet fijo dentro de los 6 meses anteriores”.

Otras sanciones de la SIC a Claro Colombia

Esta no ha sido la única sanción que la Superintendencia de Industria y Comercio le ha impuesto a la compañía telefónica en este año.

En mayo de este año, la SIC sancionó a Claro por más de 1.000 millones de pesos, por presuntamente haber vulnerado el derecho de Hábeas Data de usuarios, es decir, consultó el historial crediticio de algunos de sus clientes sin previa autorización y sin haber solicitado servicio alguno.

Según la Dirección de investigaciones de Datos Personales de la SIC, “la conducta de la empresa transgredía el deber de utilizar la información únicamente para los fines que le fue entregada o contando con la autorización previa por parte del titular de la información”.

De otro lado, en el mes de marzo, la entidad sancionó a Claro Colombia por 635 millones de pesos, tras verificar que en el centro de ventas de Leticia, Amazonas, no recibieron PQR de manera verbal, sino que los usuarios tenían que presentar sus peticiones, quejas o reclamos de manera escrita.

“Comcel (o Claro Colombia) desconoció el derecho de los usuarios a presentar solicitudes por cualquier medio de su elección, pues solo recibía solicitudes por escrito (...) incumplió los derechos de estos a ser compensados por las fallas en la prestación del servicio y a recibir los servicios contratados de manera continua e ininterrumpida, ya que el operador no acreditó haber realizado la compensación automática por las indisponibilidades referidas”, aseguró la entidad en un comunicado. Frente a las sanciones impuestas, Claro Colombia presentó los recursos procedentes para revocar la decisión de la entidad