El Consejo de Estado estudiará la demanda que solicita el retiro de los esquemas de seguridad asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) a integrantes de las disidencias de las FARC.
La tutela fue presentada por la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), argumentando que sus miembros habrían recibido amenazas por parte de uno de las cabecillas de una del grupo armado, Alexander Díaz, alias Calarcá,.
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De acuerdo con el accionante en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo y el director de la UNP, argumenta que su seguridad está en riesgo debido a la disposición de esquemas de protección por parte de la entidad a miembros disidentes.
Razón por la que alega que el uso de recursos como vehículos, gasolina, armas y personal para proteger a estos grupos podría empeorar las condiciones que amenazan la vida de líderes sociales.
En uno de los apartes de la decisión establece que, “la UNP está brindando medios de protección estatales a alias Calarcá y otros mandos del Estado Mayor Central de las Farc, tales como camionetas blindadas, armas, chalecos antibalas, suministro de combustible, hombres de protección (...) lo cual significa un aumento de las capacidades de daño y ataque contra la población civil con recursos estatales, lo que pone en grave riesgo mi vida e integridad personal”.
De esta manera, entre las peticiones del demandante se ordena el retiro de los esquemas de seguridad que dispone la entidad encargada dela protección a los miembros del Estado Mayor Central de las disidencias. Es así que en la demanda se lee: “Ordenarle a Augusto Rodríguez Ballesteros – Director Unidad Nacional de Protección – UNP, suspender toda decisión de medios como camionetas, armas, chalecos y hombres de seguridad y protección para los miembros del Estado Mayor Central de las FARC EP”.
En dicho recurso también se exigió el levante de la suspensión de las órdenes de captura contra varias de los disidentes, como la de alias Firu, uno de los capturados cuando se movilizaba en camionetas de la UNP en Antioquia. Además, que suspenda temporalmente el cese al fuego entre el Gobierno nacional y las disidencias. Pero, estos dos puntos, el Consejo rechazó las peticiones porque aseguran que no comprometen la seguridad de los líderes sociales.
Cabecilla de las disidencias capturado en la caravana de la UNP y luego liberado por ser vocero en diálogos con el Gobierno Petro volvió a extorsionar
Una nueva controversia ha rodeado la propuesta de paz total del presidente Gustavo Petro. Juan Antonio Agudelo, alias Urías Perdomo, quien tenía una orden de captura vigente, fue interceptado hace unas semanas en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Antioquia.
Sin embargo, debido a su rol como miembro del equipo negociador liderado por alias Calarcá, fue puesto en libertad a pesar de la orden en su contra.
Según diversas informaciones, una vez en libertad, Urías Perdomo habría continuado con actividades delictivas, como la extorsión, en el oriente del país. Alias Urías Perdomo está acusado de planificar y ejecutar un ataque terrorista en 2018 en el que murieron dos soldados profesionales del Ejército Nacional. Este hecho ocurrió en la vereda El Rubí, ubicada en la zona rural de La Macarena, Meta.
También se le implica en el secuestro y asesinato de cuatro miembros de una comisión de reclamantes de tierras en 2021 en Mesetas, Meta, entre los cuales estaban un funcionario, un conductor y dos reclamantes.
En 2023, ordenó la destrucción de una antena de telecomunicaciones de la empresa Claro en el sector de La Chipa, en Puerto Rico, al norte del Caquetá, debido al impago de cuotas extorsivas. Además, se le acusa de homicidios de defensores de derechos humanos y exguerrilleros que se negaron a regresar a la lucha armada, así como de extorsión, secuestro y tráfico de armas.
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