Raquetas a 4 millones y pelotas a 260 mil: Procuraduría formuló cargos contra exfuncionarios de Indersantander por presunto fraude en la contratación

No paran los hechos de corrupción en el país, después de que la Procuraduría General de la Nación detectara “faltas gravísimas” en un contrato firmado por el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander (Indersantander) en el año 2022, razón por la cual formuló cargos contra varios directivos y exdirectivos de esta entidad.

Se trata de un contrato que involucró presuntos sobrecostos, una modalidad indebida de contratación y la ausencia de un proyecto de inversión, factores que han llevado a una investigación formal por parte del Ministerio Público.

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La decisión afecta a cinco servidores públicos: un exdirector, la exasesora jurídica del Instituto, un excoordinador de alto rendimiento, y dos coordinadores, uno de deporte asociado y otro de deporte estudiantil y formativo.

La Procuraduría comunicó que, debido a estas irregularidades, se citó a una audiencia al exdirector de Indersantander, Pedro Belén Carrillo Cárdenas. Este fue vinculado por presuntas irregularidades en el contrato suscrito con la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales, conocida como Sotea.

El Ministerio Público determinó que cinco contratos, que suman más de $2.700 millones, pusieron en la mira de los órganos de control a Pedro Belén Carrillo y otros directivos de Indersantander. Entre esos contratos destacaba el No. 341, entre Indersantander y la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales (Sotea), firmado el 26 de mayo de 2022 por $499 millones para la compra de implementos deportivos como raquetas y pelotas para tenis.

Según información revelada por Vanguardia, las raquetas para el programa de formación en cuestión fueron adquiridas por cuatro millones de pesos cada una, mientras que las raquetas del tipo usado por tenistas profesionales, como Camila Osorio o Rafael Nadal, cuestan menos de un millón y medio.

Además, las pelotas de tenis, que en el contrato figuraban a un precio de $260.000, tienen un valor promedio de unos $60.000 pesos en el mercado.

Para la Procuraduría, este caso constituye una violación a los principios de contratación, por lo que Carrillo Cárdenas habría incurrido en “dos faltas disciplinarias calificadas como gravísimas, con culpa gravísima”. A la exasesora jurídica, Mayra Alejandra Téllez Romero, también se le imputaron “dos faltas gravísimas, pero cometidas a título de dolo”.

Además, se formularon cargos contra Raúl Enrique Gutiérrez Torres, excoordinador de alto rendimiento y supervisor del contrato; Miguel Ángel Remolina Muñoz, coordinador de Deporte Estudiantil y Formativo; y Ramiro Andrés Pabón Martínez, coordinador de Deporte Asociado. A estos tres coordinadores se les imputaron faltas gravísimas por su responsabilidad en la presunta mala gestión del contrato.

El Ministerio Público destacó varias presuntas irregularidades en la planeación contractual, relacionadas con la indebida modalidad de contratación y deficiencias en la planeación misma, que derivaron en sobrecostos en los implementos deportivos destinados a las escuelas de especialización deportiva. Además, se contrató sin la existencia de un proyecto de inversión en el banco de proyectos.

En cuanto a la ejecución contractual, se identificaron irregularidades relacionadas con la vigilancia y control del contrato firmado el 6 de mayo de 2022 y con una duración de cuatro meses y quince días que pretendía el “desarrollo e implementación institucional del programa de escuelas de especialización deportiva de talento y reserva, dirigido a niños, niñas y adolescentes del departamento, potencializando el talento santandereano acorde al plan departamental de desarrollo”. El valor del contrato fue de $499 millones 990 mil, ejecutado entre el 26 de mayo y el 10 de octubre de 2022.

Para la Procuraduría, hubo un incumplimiento por parte del contratista Sotea, que en septiembre de 2023 reintegró a Indersantander la totalidad del dinero entregado. Esto, según el Ministerio Público, evidencia una posible defraudación de los principios y normas de contratación estatal, además de los postulados del interés general, lo cual impidió la satisfacción de las necesidades reportadas por el departamento.