Consejo de Estado condenó a la Nación por inyección mal aplicada a un niño que quedó con secuelas permanentes

El Consejo de Estado condenó a la Nación por las lesiones que sufrió un niño de cuatro años después de recibir una inyección intramuscular en la Clínica de la Policía de Envigado, Antioquia. El procedimiento se realizó el 9 de junio de 2008, cuando sus padres lo llevaron a urgencias por un cuadro de fiebre y dolor generalizado.

La aplicación del medicamento le ocasionó una lesión en el nervio ciático derecho, que derivó en dificultades permanentes para caminar y dolor crónico. Por estos hechos, los padres del menor presentaron demandas contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

El Tiempo conoció la sentencia emitida el 5 de octubre por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en la que el alto tribunal estableció que existió una falla en la prestación del servicio de salud y ordenó reconocer indemnizaciones al joven y a sus familiares.

El afectado, identificado en el proceso como ‘Roberto’ para proteger su identidad, tiene actualmente 22 años y ha vivido durante 18 años con las consecuencias de la lesión.

Así ocurrió la aplicación de la inyección en la Clínica de la Policía

El 9 de junio de 2008, los padres de Roberto acudieron al servicio de urgencias de la Clínica de la Policía de Envigado porque el niño presentaba fiebre y dolor en el cuerpo. El menor era beneficiario de los servicios médicos de la institución por la afiliación de su padre.

Durante la valoración, el personal médico diagnosticó una infección de las vías respiratorias superiores. Como parte del tratamiento, ordenó aplicarle media ampolla de dipirona sódica por vía intramuscular, además de formular acetaminofén y azitromicina.

Una auxiliar de enfermería realizó el procedimiento en el glúteo derecho. Según los hechos recogidos en la demanda, inmediatamente después de recibir la inyección, el niño gritó, se orinó y perdió el conocimiento.

Cuando recuperó la conciencia, sus padres manifestaron que el personal de enfermería restó importancia a la reacción. Posteriormente, regresaron a casa, pero el dolor en la pierna derecha continuó.

La familia se comunicó con el servicio de urgencias y recibió la explicación de que el malestar podía prolongarse hasta por un mes. Sin embargo, los síntomas persistieron, por lo que sus padres buscaron nuevas valoraciones médicas y una remisión a neurología.

Medicina Legal documentó las secuelas de la lesión

En julio de 2008, las evaluaciones médicas permitieron identificar una afectación en el nervio ciático derecho.

El 10 de julio, durante una consulta de pediatría, se registró que el menor llevaba un mes llorando por el dolor en la extremidad derecha y presentaba contractura muscular. La impresión diagnóstica fue neuralgia del nervio ciático posterior a una punción.

Ese mismo día, el Instituto de Medicina Legal documentó que el niño tenía cojera del miembro inferior derecho y dolor en la región glútea. En su evaluación también identificó una deformidad física permanente por la posición en equino de la extremidad y una perturbación funcional permanente del órgano de la locomoción.

Posteriormente, el 23 de julio, una nueva valoración médica registró la persistencia del dolor y la cojera después de la inyección. El 30 de julio, el servicio de fisiatría estableció como diagnóstico una lesión del nervio ciático derecho.

Un examen neurológico realizado el 26 de agosto de 2008 identificó un compromiso axonal leve del nervio, con evidencia de reinervación hacia la pierna.

A estos resultados se sumó una evaluación de la Universidad CES, que determinó que Roberto tenía una pérdida de capacidad laboral del 35%.

Los problemas de salud continuaron durante los años siguientes. La historia clínica registra que el Hospital Pablo Tobón Uribe, en febrero de 2009, reportó que el paciente presentaba un dolor neuropático de difícil manejo. Durante el tratamiento recibió gotas de tramadol en dosis altas y tuvo un episodio de paro respiratorio.

El dolor crónico también tuvo consecuencias psicológicas

El dolor persistente llevó al menor a recibir tratamientos con medicamentos opioides, entre ellos morfina. De acuerdo con la información recogida durante el proceso judicial, desarrolló una dependencia física y psicológica al medicamento.

En 2013, cuando tenía nueve años, presentó dos intentos de suicidio. Posteriormente, en 2014, una especialista diagnosticó un trastorno por dolor crónico asociado a factores psicológicos y a una enfermedad médica.

La situación también afectó económicamente a sus familiares. Durante el proceso judicial se recibieron testimonios de personas cercanas a la familia, quienes describieron las dificultades que enfrentaron para asumir los gastos derivados de la atención del niño.

La novia del tío de Roberto declaró que sus padres tuvieron que vender su vivienda y el negocio que tenía su madre. También relató que el menor permanecía acostado y lloraba por el dolor, mientras que en otras ocasiones se encontraba en estado de letargo debido a los medicamentos que recibía.

Una vecina confirmó las dificultades económicas y explicó que la madre del niño llegó a encadenarse en el Palacio de Justicia y en La Alpujarra, en Medellín, para solicitar ayuda con los gastos de su tratamiento. Según su testimonio, la familia también tuvo que trasladarse a la vivienda de la abuela del menor.

Las demandas contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional

Los padres de Roberto presentaron dos demandas contra la Nación por las consecuencias del procedimiento médico. Las acciones judiciales estuvieron dirigidas contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

La primera demanda incluyó al menor y a sus padres, mientras que la segunda incorporó a la abuela, el tío y las dos hermanas del niño.

Durante el proceso se practicaron diferentes evaluaciones médicas para establecer el origen de la lesión y determinar la responsabilidad de la institución. Uno de los peritos que examinó al menor concluyó que, sin la aplicación indebida de la inyección, el daño no se habría producido.

El 24 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la Nación al pago de perjuicios morales, daño a la salud y perjuicios materiales, en las modalidades de lucro cesante y daño emergente.

Sin embargo, la Nación apeló la decisión. Entre sus argumentos sostuvo que la condición del menor también habría estado relacionada con un supuesto incumplimiento de la madre frente al deber de cuidado y las recomendaciones médicas.

También señaló que la auxiliar de enfermería que realizó el procedimiento había sido despedida y que se habían adoptado medidas de mejoramiento. Adicionalmente, presentó el concepto de un equipo médico interdisciplinario que consideró que la atención había sido adecuada, pertinente y oportuna y que no existió una falla en la prestación del servicio.

Por qué el Consejo de Estado condenó a la Nación

Al estudiar el caso, el Consejo de Estado encontró acreditada la existencia de un “daño antijurídico, cierto, personal y permanente”, así como una falla del servicio relacionada con la aplicación de la inyección.

En la sentencia, el alto tribunal estableció que el personal de enfermería administró el medicamento por fuera de la zona anatómica de seguridad, dentro de las instalaciones de la entidad y por orden del médico tratante.

La decisión también tuvo en cuenta el concepto pericial que relacionó la lesión y el compromiso del nervio ciático con la técnica utilizada para aplicar el medicamento. Según ese análisis, la afectación no se habría producido si el procedimiento se hubiera realizado conforme a la técnica adecuada.

Por estos hechos, la corporación condenó a la Nación a pagar a los familiares los perjuicios morales y a reconocer al joven las indemnizaciones por daño a la salud, lucro cesante y daño emergente.