El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue salpicando a más funcionarios del Gobierno. Tras la confesión de Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, su segundo al mando, de utilizar $40.000.000.000 destinados a la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira en coimas, con el fin de conseguir que las reformas sociales del presidente de la República, Gustavo Petro, se aprobaran en el Congreso de la República.
Entre los principales implicados en el proceso destacan los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes presuntamente recibieron multimillonarios incentivos para apoyar varios proyectos de ley. Asimismo, altos miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fueron mencionados por López, ya que el jefe de cartera supuestamente aprobó la entrega de contratos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el fin de evitar que los diálogos de paz corrieran riesgos.
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Tras los testimonios de los exfuncionarios acusados, por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado a la Fiscalía, el 2 de agosto de 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) envió un radicado al Congreso de la República.
En la misiva, el alto tribunal informó al secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture Peñaloza, la vinculación formal de tres congresistas a la investigación de la Fiscalía General de la Nación en el entramado de corrupción al interior de la Ungrd.
“Me permito solicitar, se certifique la calidad foral de los doctores Karen Astrid Manrique Olarte, Julián Peinado Ramírez y Juan Diego Muñoz Cabrera”, se puede leer en documento enviado por la CSJ.
A la par, el máximo ente judicial del país solicitó al secretario de la Cámara de Representantes entregar un informe sobre los congresistas que conformaron la Comisión Tercera, donde se debaten los proyectos de ley e iniciativas enfocadas en el crédito público y el manejo de los recursos del país durante el periodo 2022-2026.
Corte Suprema de Justicia y la inspección al Congreso de la República por el caso Ungrd
La Corte Suprema de Justicia también ordenó la inspección de las comisiones del Congreso de la República relacionadas con las reformas pensional y de salud por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que estaba programada para el 31 de julio de 2024, pero fue suspendida sin razón aparente.
La indagación, cuyo objetivo es reunir información detallada sobre las reformas sociales del Gobierno y su trámite en el Congreso, no tiene nueva fecha, aunque se espera que se realice en los próximos días.
A su vez, la Procuraduría General de la Nación (PGN), el 30 de julio de 2024, ordenó la inspección disciplinaria a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sobre el proceso adelantado en contra de varios congresistas implicados en el entramado de corrupción revelado por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exfuncionarios de la Ungrd.
Entre ellos están el representante a la Cámara, Wadith Alberto Manzur; el senador de la República, Julio Elías Chagüi Flórez; la representante a la Cámara, Karen Astrith Manrique Olarte; la senadora de la República, Liliana Esther Bitar Castilla; el representante a la Cámara, Julián Peinado Ramírez; el representante a la Cámara, Juan Diego Muñoz Cabrera; y el senador de la República, Juan Pablo Gallo Maya.
De igual manera, el órgano de control llamó a declarar a María Alejandra Benavides, asesora y persona de confianza del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
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