La Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió una investigación contra el senador Didier Lobo Chinchilla por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
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Según informó El Tiempo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema está indagando un aumento injustificado en el patrimonio de Lobo Chinchilla y su familia cuando ocupó el cargo de alcalde en La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar.
Este incremento en su patrimonio no ha sido adecuado ni satisfactoriamente explicado, lo que ha llevado a las autoridades a sospechar de posibles actividades ilegales.
El origen de la causa radica en una denuncia presentada ante la Sala de Instrucción. En medio de esta investigación, se espera que Lobo Chinchilla y otras personas vinculadas a su entorno financiero sean llamadas a declarar. Aparentemente, las pruebas presentadas sugieren un significativo aumento en bienes y activos durante su gestión como alcalde, lo que ha despertado serias dudas sobre la legalidad de estos incrementos.
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El Espectador destaca que la Corte Suprema no ha proporcionado detalles exhaustivos sobre las pruebas actuales en su poder. Sin embargo, se ha informado que la Sala de Instrucción utilizará varias herramientas investigativas, incluyendo la revisión de registros financieros, la inspección de propiedades y entrevistas con testigos claves.
“Se investiga un posible incremento patrimonial del congresista y su núcleo familiar. Según la denuncia, que es investigada por la Sala, el ahora congresista registraría un supuesto aumento injustificado en su patrimonio tras su paso por la alcaldía del municipio de La Jagua de Ibirico, en el Cesar”, indicó la Corte al informar el proceso.
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Aunque ahora se le abrió una investigación, no es la primera vez que Lobo se enfrenta a los hechos, en 2018, la Contraloría le imputó responsabilidad fiscal al senador de Cambio Radical, por un detrimento patrimonial 2.914 millones de pesos.
Además, según la entidad cuando Lobo Chinchilla fue alcalde, pagó “elevados sobrecostos” en un contrato de alimentos entre la firma Unión Temporal Servicios Nutricionales en diciembre de 2012, mismo que duró 18 meses, periodo en el que se presentó un detrimento por $4.377 millones en sobrecostos por el pago de los alimentos que se compraron para el PAE, los cuales se entregaron a madres cabeza de familia para la atención de 5.000 niños desnutridos o en riesgo de malnutrición, y de madres lactantes y gestantes.
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El asunto es que se habría financiado con recursos de regalías del municipio. El contrato del PAE (Plan de Alimentación Escolar) se firmó por un valor de $15.295 millones y la empresa encargada del Plan de Alimentación Escolar daba a los beneficiarios harina de maíz, lenteja, fríjol rojo, espagueti, fideos, arroz blanco, aceite vegetal, alimento infantil fortificado, leche entera, atún, avena instantánea y en hojuelas, suplemento multivitamínico, complemento de panadería, azúcar, malteada instantánea, chocolate y sal.
Por lo anterior, al asumir la vicepresidencia del senado en la legislatura del 2023 fue sancionado por seis meses.
El delito de enriquecimiento ilícito
El enriquecimiento ilícito es un delito que se refiere al incremento patrimonial injustificado de una persona o servidor público. En Colombia, las autoridades y el Código Penal establecen en el Artículo 327 que se refiere a situaciones en las que alguien, directamente o a través de intermediarios, obtiene un incremento patrimonial no justificado derivado de actividades delictivas. Las penas para el enriquecimiento ilícito varían según el monto involucrado. Si el incremento ilícito no supera el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena es de prisión de 96 a 180 meses y una multa correspondiente al doble del valor del enriquecimiento. Si el incremento ilícito excede ese límite, las penas pueden ser más severas, incluyendo hasta 15 años de prisión y mayores multas.
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Las autoridades, como la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, investigan y sancionan los casos de enriquecimiento ilícito. Buscan garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión de bienes y cargos públicos.
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