El viernes 26 de julio la Fiscalía General de la República de El Salvador presentó un requerimiento fiscal contra 110 colombianos de una supuesta red de 170 personas procesadas por diversos delitos, incluido el envío de 20 millones de dólares a Colombia de “actividades ilícitas”.
“La fiscalía presentó requerimiento fiscal contra 170 personas procesadas por enviar hacia Colombia más de 20 millones de dólares, provenientes de actividades ilícitas”, indicó la fiscalía en su cuenta de X.
Fiscales de la Unidad de Patrimonio Privado de San Salvador solicitaron que en la audiencia de imposición de medidas se les decrete la detención provisional por los delitos de hurto por medios informáticos, agrupaciones ilícitas, estafas informáticas y lavado de dinero.
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“Estas personas se dedicaban a realizar hechos ilícitos específicamente para captar dinero producto de estos delitos y así utilizar a terceras personas o mulas financieras para enviar el dinero hacia Colombia”, dijo uno de los representantes del ministerio público.
El caso fue investigado entre el 2020 y mediados de 2023, cuando las autoridades acreditaron que desde El Salvador hacia Colombia se transfirieron más de $20 millones de dólares.
La red ofrecía en redes sociales, teléfonos celulares, aires acondicionados y otros productos, haciéndoles creer que les otorgaban créditos a nombre de otras financieras y solicitaban depósitos para trámites de crédito o adelantos de la mercancía que habían adquirido.
“Les solicitaban ciertas cantidades de dinero en cuentas que ellos les proporcionaban a sus víctimas para dicho objetivo. Actualmente, a esta estructura se le atribuyen más de 80 víctimas”, indicó la entidad, y un representante de la misma señaló que se pretendía la imposición de medidas, sin precisar si buscan que se mantengan en prisión.
En julio de 2023, el fiscal general Rodolfo Delgado aseguró que se habían detenido a 110 personas ligadas a una estructura, “la mayoría de ellos colombianos”, que se dedicaban a la estafa y lavado de dinero.
Delgado dijo que los extranjeros ingresaron al país en diferentes épocas como turistas y posteriormente “se radicaron en El Salvador con el objeto de cometer diferentes delitos”.
Además, dijo que según una investigación coordinada entre la Fiscalía, la Policía y la Dirección de Migración, “se identificaron 3.000 denuncias, principalmente de estafas que han sido cometidas por colombianos atribuidos a esta organización criminal”.
Uso de carnicerías para lavar dineros de narcos en Colombia
El 15 de julio de 2024, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional lograron identificar una red delictiva presuntamente relacionada con el lavado de 24.970 millones de pesos provenientes del tráfico internacional de estupefacientes.
Durante operativos adelantados en las ciudades de Bogotá, Cartagena (Bolívar), Baranoa (Atlántico) e Ibagué (Tolima), se capturaron a 11 individuos supuestamente involucrados, incluyendo a dos retirados de la Policía Nacional, identificados como Andrés Felipe Osorio Osorio y Carlos Mario Montoya Castro, así como algunos familiares y conocidos.
La evidencia del ente investigador logró determinar que los oficiales habrían fundado comercializadoras de productos cárnicos para legitimar el dinero ilícito. Solo una de las empresas registró transacciones bancarias por 11.000 millones de pesos en dos años, además de transportar al menos 971 millones en efectivo mediante carros de valores, y realizar 117 transacciones por 33.000 dólares en el Banco de la República.
Los otros capturados parecían estar vinculados a las empresas de los dos oficiales retirados y figuraban como propietarios de varios bienes inmuebles y vehículos, pese a no tener la capacidad económica para justificar tales adquisiciones. Entre los bienes registrados estaban 7 lotes, 2 casas, 12 apartamentos, 9 vehículos y varios objetos lujosos.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los 11 capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos, cargos que no fueron aceptados por los ninguno de los acusados.
Entretanto, los oficiales retirados seguirán ligados a la investigación que se suma a otro trámite que se adelanta en su contra desde agosto de 2023, cuando fueron judicializados por el delito de tráfico de estupefacientes. Desde entonces, los mayores retirados permanecen bajo arresto domiciliario.
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