La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) presentó una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra las medidas de seguridad otorgadas a miembros del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc. La organización denuncia que los recursos estatales destinados a proteger a estos individuos están poniendo en grave riesgo la vida y la seguridad de sus miembros.
En el recurso legal, Fevcol reclama que la Unidad Nacional de Protección (UNP) está brindando a los líderes de las disidencias de las Farc recursos significativos, como camionetas blindadas, armas, chalecos antibalas y suministro de combustible. La tutela destaca que estos recursos no solo favorecen a las disidencias, sino que también aumentan el potencial de daño que pueden infligir a la población civil.
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Según la federación, estos recursos estatales fueron utilizados para aumentar la capacidad de ataque de los miembros del EMC de las Farc, lo que provocó un riesgo inminente para su integridad.
La senadora Paloma Valencia comunicó esta decisión a través de sus redes sociales, al resaltar la urgente necesidad de garantizar la seguridad de las víctimas y evitar que sean perjudicadas por los disidentes que están en negociaciones con el Gobierno nacional.
“La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) radicó una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, reclamando por los dispositivos de seguridad con los que cuentan los integrantes del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. Exigen suspender el cese al fuego y que se suspenda la decisión de levantar las órdenes de captura”, se lee en su publicación.
Esta edición se produce tras un incidente en el departamento de Antioquia, en el que un retén militar en la carretera que une Medellín con Anorí interceptó una caravana de la UNP, que depende del Ministerio del Interior. Los vehículos transportaban a varios líderes del EMC, disidencia que actualmente está en proceso de negociación de paz con el Gobierno.
Entre los detenidos se encontró Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, comandante del Bloque Magdalena Medio y negociador del EMC en las conversaciones de paz. Además de él, también se encontraban otros disidentes que no participan en los diálogos de paz y que, según las autoridades, podrían tener órdenes de captura vigentes.
De esta manera, el documento de tutela exige que se suspenda el cese al fuego acordado con el EMC y que se revoquen las decisiones que levantaron las órdenes de captura contra varios miembros de esta organización. La denuncia se centra particularmente en alias Calarcá que, según Fevcol, emitió amenazas directas contra sus miembros.
Ellos especifican que las medidas de protección otorgadas por la UNP incluyen a líderes clave de las disidencias como Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro o el Ruso; Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Leo o Firu; y Omar Delgado Novoa, alias Hermes Boyaco. Fevcol argumenta que la existencia de estas medidas contribuye a la revictimización y al incremento de violencia contra sus miembros.
El documento también solicita a la Fiscalía General de la Nación que revoque la decisión de suspender las órdenes de captura contra estos líderes de las disidencias. Los peticionarios alegan que la falta de órdenes de captura vigentes para algunos de estos individuos está en parte contribuyendo al riesgo que enfrentan.
En su solicitud, Fevcol requiere al alto tribunal que ordene al presidente Gustavo Petro suspender el cese al fuego con el EMC y revocar las medidas de protección estatal, incluido los vehículos blindados y el personal de seguridad asignado a estos líderes. La organización considera que estos recursos están siendo mal utilizados y representan una amenaza directa para su seguridad.
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