Paloma Valencia señaló que la Fiscalía y el Gobierno estaban “preocupados por los violentos” tras liberación de un disidente

En una controvertida decisión que generó debate en Colombia, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordenó la liberación de Erlinson Echavarría Escobar, un disidente de las Farc capturado en flagrancia mientras transportaba armas y municiones en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en una carretera de Antioquia. Este hecho, conocido el 23 de julio, suscitó una ola de indignación y cuestionamientos en todo el territorio nacional.

La liberación de Echavarría se produjo bajo la directriz de Camargo, que, basándose en la resolución 0282, instruyó a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, encabezada por Gladys Gaviria Giraldo, a proceder.

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En el documento firmado por la directora de la entidad se lee: “La suspensión de las órdenes de captura, como se dispone en la Resolución 0282, se hace extensiva a las situaciones de flagrancia, de modo que, sírvase ordenar la libertad de Erlinson Echavarría Escobar, en tanto en virtud de esa decisión, no puede ser capturado”.

Sin embargo, Semana señaló que en la resolución 0282 no se menciona específicamente la palabra “flagrancia”, lo que planteó serias dudas sobre la interpretación de la norma y la autonomía de los fiscales en estos casos. Esta aparente omisión provocó varios interrogantes en torno al tema jurídico y político sobre la legalidad y las implicaciones de esta decisión.

A este contexto se suman las recientes liberaciones de otros cuatro integrantes de las Farc, argumentadas por el proceso de paz que el Gobierno nacional lleva a cabo con el Estado Mayor Central (EMC). Estas decisiones fueron vistas por algunos sectores como un gesto de buena fe hacia la consolidación del proceso de paz, mientras que otros las consideran una traición a la justicia y a las víctimas del conflicto.

La reacción de la opinión pública fue intensa y, entre las voces críticas, destaca la de la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, que en respuesta a las quejas expresadas por Sebastián Velásquez, representante de la Federación Colombiana de Víctimas de Farc (Fevcol), que cuestionó a la fiscal General sobre las implicaciones de estas liberaciones para las víctimas, la congresista opositora utilizó sus redes sociales para expresar su descontento y preocupación.

Por medio de su cuenta en la red social X, la el líder de derechos humanos afirmó: “Señora fiscal Luz Adriana Camargo, líderes de @FevcolFed hemos sido declarados objetivo militar de Alias Calarca, entonces el nos puede matar y no pasa nada según su directiva? (sic)”.

A lo que la senadora reposteó y destacó que: “Así estamos con un gobierno y su fiscalía, más preocupados por los violentos que por los ciudadanos (sic)”.

La declaración de la senadora capturó la percepción de numerosos ciudadanos y grupos políticos que creen que el Gobierno actual está dando más importancia a las negociaciones con los grupos armados que a la seguridad y justicia de los colombianos. Sin embargo, otros usuarios en redes sociales argumentaron que la senadora desconocía los fundamentos de la decisión y no comprendía plenamente el significado del proceso para alcanzar la paz.

Es importante señalar que esta decisión de la Fiscalía no solo provocó la anterior reacción de la senadora, sino que en otra publicación calificó de “grave” que la fiscal tomara decisiones a su criterio, ignorando la ley, y afirmó que actuaba siguiendo las órdenes del Gobierno nacional.

“Muy grave una fiscal que considera que está por encima de la ley porque así lo ordena el gobierno. Los ceses al fuego no autorizan el reclutamiento de menores, ni el porte de armas y dinero”, se lee en la publicación.