
En la tarde del martes 23 de julio, Javier Soto Velasco, conocido empresario y propietario de una inmobiliaria, fue asesinado en Tulúa (Valle del Cauca).
Después del crimen, la estructura delincuencial La Inmaculada se atribuyó el asesinato del empresario inmobiliario, que fue atacado por un sicario en las instalaciones de su compañía.
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Fue así como la organización publicó un panfleto donde señaló su responsabilidad del crimen: “La oficina de Tuluá informa que en la actualidad nos encontramos acabando focos de testaferratos de personas que se dedican a manejan dineros de dudosa procedencia, como inmobiliarias y constructoras. A estas empresas que se quieren pasar por legales les hacemos una advertencia, dejando claro que nosotros como organización, tenemos el control”, inició la misiva.
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En medio del ataque sicarial, una mujer resultó herida, se identificó como Diana Rojas, excandidata al Concejo de Tuluá.

De esta manera, La Inmaculada señaló “que a los concejales y funcionarios públicos los estamos respetando, pero desafortunadamente en hechos ocurridos el día de hoy resultó herida una excandidata al consejo de nuestro pueblo, acción la cual no era en su contra”.
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Entre líneas seguidas, la banda asumió otros hechos violentos recientes en el municipio. “Asumimos los últimos acontecimiento violentos en nuestro pueblo, dado que se ha desatado constantes robos y también suplantaciones a nuestro nombre, acosando a negocios comerciales como pizzerías, restaurantes, panaderías, fritanguerias, salones de belleza, papelerías, carnicerías, tiendas de barrio, hechos los cuales no son de nuestra parte y es por ello que nos ha tocado ejercer nuestra operabilidad puesto que la administración actual del gobierno local brilla por su ausencia, realizando falsos positivos, involucrando a personas que nada tienen que ver con alteraciones del orden público”.
El crimen
De acuerdo con infomración revelada por Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tulúa, un sicario ingresó hasta las instalaciones de la compañía inmobilaria, ubicada en el barrio Alvernia y disparó contra la víctima.
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“Rechazamos este hecho vil contra una persona conocida en el municipio de Tuluá. Era propietario de una inmobiliaria muy reconocida que tiene un número importante de clientes en el municipio y que se ha dedicado tradicionalmente al arrendamiento de locales, casas y venta y compra”, indicó el funcionario.

Por su lado, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, expresó en su cuenta de X (antes Twitter) su rechazo ante este hechos: “Rechazo y condeno el execrable asesinato de Javier Soto Velasco. Actos demenciales como estos aumentan el repudio de la ciudadanía tulueña, que no acepta que una banda de delincuentes comunes se proclame como fiscal, juez y verdugo ante mirada indiferente del Gobierno Nacional”, manifestó el mandatario local.
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Más actos delictivos de la banda
A inicios de julio del 2024 se reportaron episodios de violencia tras un período de inactividad del grupo delictivo La Inmaculada. Según informaron las autoridades, integrantes de esta organización incineraron un camión avícola en la zona de Estambul y atacaron una vivienda en el corregimiento de Aguaclara.
El coronel Guillermo Suárez, comandante del segundo distrito de Policía de Tuluá, explicó que los delincuentes “lanzaron una botella con gasolina contra un camión de una empresa avícola, lo que resultó en su incineración total. Posteriormente, arrojaron otra botella contra una casa habitada por trabajadores de otra granja avícola en la zona rural de Aguaclara. Afortunadamente, el fuego fue extinguido rápidamente, evitando víctimas fatales”.
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En respuesta, la Policía detuvo a seis personas presuntamente involucradas en los incidentes. Durante la investigación, se confiscaron una motocicleta y material audiovisual que, según el coronel Suárez, serán cruciales para identificar a los responsables. La motocicleta incautada había sido reportada como robada y está siendo analizada para buscar huellas dactilares.
Previo a estos hechos, La Inmaculada había declarado un cese de actividades violentas por un mes, firmado por su líder Andrés Felipe Serna, alias Pipe Tuluá. El comunicado mencionaba el interés del grupo en alinearse con la iniciativa del presidente Gustavo Petro y solicitaba que el Gobierno nacional considerara sus intentos de conciliación para facilitar negociaciones.
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El documento afirmaba que “es imperativo que nuestras expresiones de paz encuentren respuesta en pronunciamientos coordinados e inequívocos por parte del Gobierno nacional”.
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