Servicios funerarios para la población más vulnerable están a la deriva: “En Bogotá no se tiene derecho a morir dignamente”

“En Bogotá no se tiene derecho a morir dignamente”, así de contundente fue la denuncia que presentó la cabildante por el Pacto Histórico Heidy Sánchez, que señaló que la administración de Carlos Fernando Galán dejó a la deriva los servicios que se les estaban ofreciendo a las poblaciones más vulnerables de Bogotá.

De acuerdo con datos que entregó la vocera, la Uaesp venía ofreciendo ayudas económicas para las personas en condiciones de vulnerabilidad, específicamente para el acceso a los servicios funerarios en los cuatro cementerios que son propiedad de la ciudad, con descuentos desde el 75%, 85% y 100% de la tarifa concernientes a los de inhumación, exhumación y cremación.

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“En la Administración distrital de Carlos Fernando Galán, los servicios funerarios quedaron a la deriva, sin una dirección clara de los mismos y sin orientaciones con respecto a la continuidad de las políticas anteriores de la entidad. Un ejemplo de ello es que no se contempla en este nuevo Plan Distrital de Desarrollo (PDD) ‘Bogotá camina segura’ 2024-2027, el dar nuevos apoyos económicos por parte de la UAESP a las personas vulnerables que no tienen la capacidad adquisitiva para acceder a estos servicios”, precisó la concejala.

A lo anterior se suma que la directriz por parte de la Uaesp es que dichos servicios estén consignados en la resolución Uaesp No. 116 del 2024, cuando anteriormente estaban a cargo de la Subdirección de Alumbrado Público y Servicios Funerarios.

Para la dependencia, esto se realiza con el fin de hacer un seguimiento y control más exhaustivo de los contratos suscritos, específicamente el contrato de concesión No. 415 del 2021 con la Sociedad Jardines de Luz y Paz SAS, debido a las grandes problemáticas que hoy tiene la operación de ese contrato.

Sánchez agregó que es de conocimiento público que existen varias denuncias penales e investigaciones en la Fiscalía General de la Nación que comprometen a la administración de Claudia López, a causa de que el operador no había manejado adecuadamente los dineros recaudados de las tarifas del servicio.

“No obstante, esto no es una razón de peso para que se descuiden los demás temas relacionados con los servicios funerarios”, añadió Sánchez.

En la práctica, la cabildante aseguró que están registrando problemas organizativos al interior de la entidad, lo que provoca la desatención de los servicios a quienes más lo necesitan por su situación económica. Incluso, afirmó que la comunidad ha denunciado que han dejado de recibir las subvenciones entregadas por la Uaesp para los servicios públicos funerarios de “destino final”.

“El alcalde Galán ni siquiera pensó en la continuidad de estas subvenciones o ayudas económicas entregadas por la entidad, simplemente continuó con la entrega de los subsidios para servicios funerarios gestionados por la Secretaría de Integración Social, que recordemos empezaron en el año 2020 a raíz de la emergencia social y que si bien incluyen algunos temas de destino final, como los incluía la Uaesp (inhumación y exhumación), solo se prestan en el cementerio privado del Apogeo y no incluyen temas de cremación, solo elementos de velación, cajones funerarios, entre otros”, explicó Sánchez.

En palabras de la cabildante, lo anterior provocaría que se olvide la capacidad de atención que pueden tener los cementerios del distrito a partir de la Uaesp, así como el acceso al servicio de cremación, dejando sin la oportunidad de escoger a las personas más vulnerables cuál será el destino final de sus familiares fallecidos y disminuyendo la capacidad de atención a estas poblaciones.

Por otra parte, la Uaesp señaló que, a pesar de que las subvenciones no quedaran incluidas en el PDD, a partir del Contrato de Concesión No. 415 del 2021, suscrito con la Sociedad Jardines de Luz y Paz SAS, se estableció la entrega de los servicios a los sectores residenciales de estratos bajos durante los próximos 5 años, desde la firma del contrato en 2021.

En otras palabras, a partir de 2025 se acabarían los recursos dados por la entidad para la entrega de ayudas a la gente más vulnerable de la ciudad. Para Sánchez, esa población terminará siendo desamparada y quedando a merced del concesionario, a pesar de las fuertes irregularidades que tiene el mismo.

“Es claro que la población más vulnerable no es un sujeto importante para el Gobierno de Galán, pues quedarán desprotegidos a causa de la falta de rigurosidad por parte de la administración ‘más técnica del mundo’ en la toma de decisiones que les afecta directamente. En Bogotá no se tiene derecho a morir dignamente”, concluyó Sánchez.