Durante la instalación del nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República, el 20 de julio, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a las inversiones forzosas para los bancos, que consisten en obligar a estas entidades a hacer inversiones específicas, donde el Gobierno lo requiera, con el fin de impulsar la reactivación económica de Colombia.
Propuso al Legislativo que estas podrían ser revisadas para sectores específicos como la vivienda y el turismo. “Traeremos las posibilidades de aumentar la inversión forzosa para la agricultura en Colombia, para la vivienda y para la industria de exportación y la economía popular”, aseguró el mandatario.
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Sin embargo, todo indica que los bancos y entidades del sector no estarán de acuerdo con la medida. En medio del foro “Conversaciones por Colombia: Reactivación Económica”, que organizó el Consejo Gremial Nacional (CGN), el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, lanzó una fuerte crítica contra esta.
Argumentó que este tipo de medidas generan “subsidios cruzados”, es decir, se impone una tasa de interés más alta a ciertos sectores para disminuirla en otros. Por eso, advirtió que Colombia debe evitar estas intervenciones en el mercado financiero.
“Si se quiere financiar la reactivación económica de este Gobierno, con inversiones forzosas van a encontrar miles de obstáculos. Por eso mismo, solo se le ha ocurrido en este siglo a Venezuela y Bolivia”, afirmó el dirigente durante la intervención que hizo.
Historia confirma malas decisiones
También, resaltó la importancia de revisar la historia y las decisiones tomadas en el pasado sobre este tipo de medidas. “En la década de 1980, el sector productivo y la Andi (Asociación Nacional de Empresas de Colombia) pedían a gritos que, por favor, se desmontaran los subsidios cruzados relacionados con inversiones forzosas”, recordó. La crítica de Asobancaria se centra en que este tipo de políticas tiene un impacto negativo directo sobre los usuarios del sistema financiero.
En lugar de implementar inversiones forzosas, Malagón sugirió que Colombia debería apuntar a dinamizar el crédito por medio de un plan que podría estar valorado en unos $35 billones. También destacó la importancia de utilizar de manera efectiva los instrumentos propuestos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y los diferentes ministros sectoriales en las conversaciones con el Gobierno.
La posición de Asobancaria critica específicamente la idea de imponer tarifas y tasas diferenciadas, al argumentar que esto podría crear distorsiones en el mercado y afectar la equidad entre los diferentes sectores industriales y los usuarios del sistema financiero. Malagón instó a que se consideren alternativas más sostenibles y menos disruptivas para estimular la economía sin recurrir a este tipo de intervenciones forzadas.
Costos para los usuarios
De igual manera, la jefa de BBVA Research para Colombia, Juana Téllez, se sumó a la crítica al afirmar que las inversiones forzosas no son los instrumentos adecuados para promover la inversión.
“Es claro que eso tiene costos para los usuarios del sistema financiero, que debemos tener en cuenta en este momento”, afirmó.
Además, resaltó la necesidad de hacer un esfuerzo considerable para avanzar en términos de inversión, enfocándose en sectores estratégicos que puedan generar empleo, integrar regiones y promover el crecimiento económico.
Ahorros de los colombianos
Al respecto, el presidente de la Andi y del Consejo Gremial Nacional, Bruce Mac Master, afirmó que “no somos amigos de las inversiones forzosas porque es, en palabras simples, obligar a que los ahorros de los colombianos se dediquen a unas actividades específicas que, probablemente, hoy en día no están demandando créditos, que son actividades que, además, están pasando los análisis de riesgo crediticio”.
Según él, si no fuera así, no habría la necesidad de volverlo forzoso. Entonces, agregó, impulsar a que el ahorro colombiano se lleve a actividades con un riesgo crediticio que, eventualmente, no sea suficientemente acotado y medido, no pondría en peligro el ahorro de los colombianos.
“Estoy seguro de que las familias y las empresas colombianas que ahorran no estarían de acuerdo con esto”, aseguró el empresario.
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