La política agraria en Colombia tendrá un importante cambio, ya que el gobierno del presidente Gustavo Petro se prepara para firmar un decreto que reconocerá formalmente las zonas de reservas campesinas dentro de áreas protegidas contra la deforestación.
Esta decisión surge como resultado de intensas negociaciones con líderes campesinos, quienes ocuparon la sede de la Agencia Nacional de Tierras en un acto de protesta por la lenta implementación de reformas agrarias.
Las conversaciones, que se extendieron del 8 al 11 de julio en el Ministerio del Interior, culminaron con 31 acuerdos, uno de los cuales busca transformar la gestión histórica del Estado en la protección de recursos naturales, vigente desde la Ley Segunda de 1959.
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Según el Ministerio de Agricultura, este nuevo paso incluirá la creación de estudios y la implementación de mecanismos para la creación de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), establecidas desde 1994, pero cuya regulación ahora se moderniza para conciliar la conservación ambiental con los derechos de los campesinos. Actualmente hay 14 ZRC reconocidas, cubriendo aproximadamente 440.000 hectáreas, un logro parcial que busca ampliarse significativamente.
“Uno de los acuerdos está a cargo de los ministerios de Agricultura y Ambiente, que iniciarán el proceso de estudios y materialización de sustracción de Ley Segunda para Zonas de Reserva Campesina (ZRC)”, señaló el Ministerio de Agricultura.
La controversia radica en la prohibición histórica de asentamientos campesinos en áreas protegidas, una normativa que ahora se revisa bajo el argumento de que los campesinos son los primeros conservacionistas de sus entornos, esenciales para su labor agrícola.
Esta medida también busca corregir desequilibrios históricos en la tenencia de la tierra, un problema señalado repetidamente por organizaciones como Oxfam, que indicó que el 1% de las fincas posee el 81% de la tierra productiva en Colombia.
“Esa prohibición desconoce varios contextos. El primero es que a raíz del conflicto armado al campesinado le tocó desplazarse forzadamente montaña arriba y ahora tiene un arraigo y un vínculo con el espacio que ocupa. El otro es que el campesino es el primer llamado en conservar el ambiente y los recursos naturales porque en últimas son la materia prima y fundamental de su trabajo”, argumentó Eliécer Morales, vocero de la Agenda Nacional Campesina para El Colombiano.
Para muchos expertos, el reconocimiento de las ZRC podría ser una solución al problema de la distribución desigual de la tierra, promoviendo un acceso más equitativo y sostenible. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. La exministra de Agricultura, Cecilia López, cuestionó recientemente la rapidez en la implementación de estas medidas, advirtiendo sobre los riesgos de una expropiación exprés que podría generar conflictos futuros.
“¿Por qué NO a la expropiación exprés? Porque abre la puerta a la violencia y a que el siguiente gobierno use esa misma ley para quitarle en 27 días la tierra al campesino que la acaba de recibir. ¿Por qué lo que hizo Vega en la ANT está mal hecho? Porque por acelerar se brincó procesos (sic)”. Afirmó la ex ministra
El gobierno también ha reportado logros significativos, como la reducción del 36% en la deforestación, un éxito que espera mantener con la entrega de títulos verdes y la implementación de planes de manejo estrictos para cada cultivo.
Estos esfuerzos están siendo coordinados entre los ministerios de Ambiente y Agricultura, bajo la supervisión de la nueva ministra Martha Carvajalino, quien asume la responsabilidad de corregir el rezago identificado por la Procuraduría frente a las metas de entrega de tierras.
Mientras el gobierno avanza hacia una nueva era en la gestión agraria y ambiental, las próximas acciones serán cruciales para equilibrar la conservación de los recursos naturales con los derechos de los campesinos.
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