
El presidente Gustavo Petro se refirió recientemente a la filtración de un documento reservado (las declaraciones de Olmedo López, protagonista del escándalo de corrupción de la Ungrd) de la oficina de un magistrado de la Corte Suprema, calificando el acto como un delito.
Dijo también que sobre ese caso se ha construido un “relato periodístico” y se propuso hacer varias precisiones a través de su cuenta de X. Habló de cupos indicativos, prácticas de gobernabilidad corruptas y las medidas que ha tomado su gobierno ante posibles casos de corrupción.
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Petro negó corrupción en su Gobierno
Petro recordó que, como parlamentario, denunció los cupos indicativos de contratación para parlamentarios en un debate el 5 de junio de 2002, mostrando códigos secretos en el DRI y otras entidades del gobierno de Andrés Pastrana. Afirmó que nunca se investigaron estas denuncias ni por la Fiscalía ni por la Corte Suprema de Justicia de entonces.
Según Petro, estas prácticas continuaron durante todo el periodo hasta su gobierno, financiando elecciones, paramilitares y riquezas personales con dinero público. Indicó que, conocedor de estas prácticas, ordenó terminantemente no ejercitarlas en su gobierno y destruir todo fondo destinado a ellas, encontrando tales fondos en el DPS, la UNGRD, el ICBF y regalías en general para la Paz.
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“Esta práctica, llamada de gobernabilidad, indudablemente corrupta, continuó durante todo el periodo hasta mi gobierno. Durante todo el siglo XXI se han realizado financiando de esta manera y con dinero público elecciones, paramilitares y riquezas personales”, escribió.

Respecto a los contratos gestionados por parlamentarios y funcionarios mencionados por Olmedo López como posible fuente de financiación al ELN, Petro afirmó que estos contratos no se verificaron y que no salió dinero público hacia su objetivo porque él mismo pidió la renuncia de Olmedo.
Petro enfatizó en que, aunque la justicia debe investigar los hechos, no se puede ignorar los casos donde sí se desviaron fondos públicos, como en los contratos de carrotanques y el contrato de caregato. Señaló que exige la devolución de los dineros públicos hurtados y subrayó que la justicia determinará las responsabilidades personales alrededor de los hechos en la UNGRD.
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“Si la versión de Olmedo sobre los tres contratos gestionados por los paralamentarios y funcionarios que, abusivamente y engañosamente, señala Olmedo como una posible fuente de financiación predeterminada por el gobierno al ELN, debo decir que esos contratos no se verificaron, es decir nunca salió dinero público a su objetivo”, escribió.
Finalmente, Petro manifestó que cualquier funcionario que desee participar en su gobierno debe denunciar la corrupción ante el presidente y la justicia, y que quienes no lo hagan, no merecen estar en su gobierno y deben enfrentar las consecuencias legales.
Presidentes de Cámara y Senado serán investigados
En desarrollo de la investigación abierta tras las declaraciones de los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Corte Suprema de Justicia ha decidido abrir una indagación formal contra ambos congresistas.
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La investigación, liderada por el magistrado Francisco Farfán, responde a presuntos delitos de cohecho propio y un posible enriquecimiento ilícito.

Según información del despacho del magistrado, se realizarán inspecciones judiciales en varias entidades. Estas incluyen la sede de la Ungrd, con el objetivo de obtener detalles sobre los contratos para la adquisición de carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira.
Asimismo, se programaron inspecciones en la Procuraduría General de la Nación y en el Congreso de la República para verificar las certificaciones de fuero de los congresistas involucrados.
La decisión de la Corte se produjo un día después de recibir de la Fiscalía General de la Nación la compulsa de copias por parte de nueve congresistas que estarían implicados en la presunta corrupción en la Ungrd. Este organismo será el responsable de la investigación de los congresistas y de determinar los pasos a seguir.
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La investigación también ha sido afectada por la filtración de una diligencia del 25 de junio de 2024, en la que Olmedo López actuó como testigo contra el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Wadith Manzur.
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