Los tres contratos adjudicados por Olmedo López en la Ungrd que habrían sido redireccionados por orden de Ricardo Bonilla

Tras conocerse el contenido de las declaraciones entregadas por el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres Olmedo López ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en las que habló de la forma en la que se habrían redireccionado contratos por orden de altos funcionarios del Gobierno nacional para favorecer congresistas, se gestó toda una controversia en relación con el caso.

López, que compareció ante la Corte el 25 de julio de 2024, luego del intento fallido de obtener su testimonio en la diligencia del 29 de mayo, implicó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como uno de los determinadores de entregar proyectos a dedo con el fin de que un grupo de parlamentarios apoyara las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso. En especial, tres contratos, que sumaban juntos $92.000 millones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según el exfuncionario, el mismo que busca un principio de oportunidad ante la Fiscalía General de la Nación, a cambio de información Bonilla le habría ordenado direccionar contratos para algunos congresistas, en una orden que se dio el 15 de diciembre de 2023: en una especie de cónclave efectuado en el ministerio en el que habría participado, además del titular de la cartera, su asesora, María Benavides.

En esa reunión, presuntamente, se ordenó adjudicar los mencionados contratos a poblaciones como Carmen de Bolívar, en Bolívar ($11.700 millones); Saravena, en Arauca ($35.631 millones), y Cotorra, en Córdoba ($46.000 millones). Los mismos fueron revelados en detalle por Daniel Briceño, que si bien es concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático, también es reconocido por sus denuncias nacionales.rerd

Los tres contratos que habría ordenado adjudicar Ricardo Bonilla

Briceño, en su perfil de X, publicó el miércoles 17 de julio las resoluciones y los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) de los tres proyectos en discusión; documentos que posteriormente fueron solicitados por el exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, otro de los implicados en la red corrupta. Estos archivos resultan de especial importancia, pues contienen datos clave para entender esta denuncia.

En el caso de Saravena, en una zona en la que tiene presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que estaría ligada a lo dicho por López con el interés de favorecer con montos estatales a la organización armada ilegal, se pidieron recursos por 35.631 millones de pesos entre el 6 de septiembre y el 21 de diciembre; en un dato que estaría relacionado con lo que reveló el exfuncionario ante el alto tribunal.

En el concepto de dichos montos se destacan hacia el suministro de horas de maquinaria amarilla y volquetas, interventoría a la contratación de la misma y, además, la construcción de obras de protección para la reducción del riesgo de inundaciones. “$35.631.316.962 en contratos fueron solicitados por el señor Sneyder Pinilla”, remarcó Briceño.

Por su parte, en Cotorra, López habló de contratos por $46.000 millones, por lo que, al respecto, Briceño publicó documentos que mostrarían los procesos de dos interventorías técnicas, jurídicas y financieras para que se adelantaran obras de emergencia y drenaje, en órdenes del 21 de diciembre de 2023. No obstante, los recursos no fueron adjudicados, tras la alerta por el escándalo de carrotanques para el suministro de agua en La Guajira.

“Revisamos y encontramos que efectivamente se entregaron dos contratos por $46.748.855.246 en ese municipio”, afirmó Briceño en su publicación. “¿A estos contratos se refiere Olmedo López?”, fue una de las afirmaciones que se repitió por parte del concejal capitalino en cada uno de sus mensajes, lo que desató una serie de comentarios sobre este asunto que trascendieron en las redes sociales.

Y, por último, el cabildante publicó los documentos de los contratos por más de $11.000 millones para Carmen de Bolívar. Briceño encontró los procesos correspondientes, ordenados por Pinilla, el 21 de diciembre de 2023, por un monto exacto de $11.695.767.000; y cuyas evidencias, según el denunciante, reforzarían la declaración de López ante la Corte y le darían validez en lo que respecta con este caso.

Sobre estas denuncias, el ministro Bonilla salió a pronunciarse y negó que esté involucrado en los señalamientos en su contra. “Afrontaré con respeto por la justicia cualquier examen sobre mis actos oficiales. Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico, sin distraerme de mis verdaderas obligaciones”, expresó en su cuenta de X.