Cerrejón ha denunciado que Luis Emiro Guariyu, autoridad del Resguardo Indígena Provincial, ha sido objeto de intimidaciones. La empresa minera condenó este acto, rechazando cualquier intento de atentar contra la vida y la integridad de Guariyu, de acuerdo con información conocida por emisora colombiana W Radio.
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Cerrejón instó a las autoridades competentes a investigar los hechos y a implementar medidas que aseguren la protección de los líderes de la región.
La compañía resaltó que Guariyu, una figura prominente en la zona de influencia de Cerrejón, ha colaborado en diversas cuestiones sociales con la empresa.
La minera reafirmó su compromiso con los derechos humanos, destacando que sus políticas están alineadas con estándares internacionales y que forma parte de la Declaración Conjunta por la Vida de las Empresas Productoras de Carbón del Cesar y La Guajira.
Cerrejón solicitó a las autoridades realizar investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los líderes de la región.
Manifestaciones en el Cerrejón: instalaciones y la línea férrea fueron bloqueadas
Cerrejón, la empresa minera, informó sobre múltiples bloqueos que afectan sus operaciones, de acuerdo con información obtenida por la emisora colombiana W Radio.
Tres bloqueos en las instalaciones de la mina y cuatro en la línea férrea, obstaculizando la entrada y salida de trabajadores y el transporte de carbón hacia Puerto Bolívar.
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Foto de archivo. Un trabajador mira mientras un camión se aleja en la mina de carbón de Cerrejón, cerca de Barrancas, en el departamento de la Guajira, Colombia, 24 de mayo, 2007. REUTERS/José Miguel Gómez
Estos bloqueos tambiénimpactaron la llegada de suministros esenciales y la movilización del tren que entrega agua a las comunidades vecinas.
Luis Marulanda, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Cerrejón, señaló que estos bloqueos son liderados por dirigentes de Uribia y Manaure, quienes demandan soluciones a los problemas de suministro de energía.
Marulanda aclaró que la solución depende del gobierno nacional, no de Cerrejón. Además, una comunidad está bloqueando la operación minera exigiendo ser incluida en las consultas previas y programas sociales de la compañía, a pesar de dos sentencias judiciales que indican lo contrario.
Además, reiteró el compromiso de Cerrejón de trabajar con entidades gubernamentales y comunidades para generar espacios de diálogo y concertación que solucionen los problemas sin recurrir a medidas de hecho que ponen en riesgo tanto la operación de la compañía como el desarrollo normal de las comunidades y la región.
El impacto de estos bloqueos fue significativo, no solo en términos de operación minera, sino también en la vida diaria de las comunidades vecinas y la economía regional. La empresa y los líderes locales buscaron soluciones que permitan el normal funcionamiento de la mina y el bienestar de las comunidades afectadas.
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