En audiencia pública realizada por la Corte Constitucional, fue seleccionada para revisión la tutela interpuesta por 20 resguardos del pueblo awá de Nariño, con la representación del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), contra Ecopetrol, la empresa Cenit y entidades del orden nacional y regional por las graves afectaciones que han padecido, debido a la intensidad y sistematicidad con que han ocurrido derrames de petróleo en su territorio durante años.
Esta selección se dio en ocasión a la necesidad de aclarar el contenido y alcance de derechos fundamentales vulnerados en ocasión a los daños ambientales que ha causado la operación del Oleoducto Transandino.
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La empresa Cenit ha reconocido que de 2014 a septiembre de 2023 se registraron al menos 447 incidentes sistematizados de derrame de crudo que causan incendios que afectan de manera más intensiva el aire y el suelo.
El Cajar destacó que, pese a que el listado de eventos ocurridos solo da cuenta de los derrames de crudo en la zona desde el 2014, dado que ese año la empresa Cenit pasó a ser la operadora de la infraestructura; los derrames de petróleo se vienen presentando con alta intensidad desde el año 2009. “A la fecha de hoy, el actuar de las entidades ha sido tanto omisivo como ineficaz para dar soluciones al Pueblo Awá”, señaló el colectivo.
Desalentador panorama en el territorio awá
En el territorio que habita el pueblo indígena awá ha estado expuesta a riesgos por contaminación de nacimientos de agua, quebradas y ríos y del aire y daños en flora y fauna. Esto, sumado a las afectaciones espirituales y culturales, a la soberanía alimentaria y al acceso al agua, entre otros daños que, para el colectivo que los representa, “no pueden continuar siendo desconocidos y merecen atención urgente”.
“Desde el Cajar pudimos corroborar la grave situación ambiental y humanitaria que vive el Pueblo Awá. La magnitud de los impactos y daños generados en los ecosistemas y ocasionados a esta comunidad merecen una urgente valoración, remediación, restauración y garantías de no repetición. Estos 20 resguardos demandan la restauración de su territorio ancestral afectado por derrames de petróleo. La necesidad de acudir a esta acción judicial demuestra la ausencia de soluciones relacionadas con medidas de remediación y restauración frente a las problemáticas socio-ambientales y culturales generados por proyectos extractivos en los territorios”, señaló la abogada del Cajar, Rosa María Mateus.
La tutela fue radicada, de manera específica, en contra de Ecopetrol S. A., Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño) por la violación de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, los derechos a un ambiente sano, a la salud, al agua, a la alimentación, así como a los derechos de las generaciones futuras y el derecho a la reparación integral.
El colectivo, que representa a los pueblos indígenas de Nariño, señaló que el OTA realiza un recorrido de 305 kilómetros transportando el hidrocarburo extraído de los pozos productores de Orito, Putumayo, hasta el puerto de Tumaco. De otro lado, en 2022 la Anla reportó en la base de datos de contingencias un total de 2.133 incidentes para el sector de hidrocarburos en el país.
“En representación legal de la comunidad de estos 20 resguardos del pueblo Awá, espera que la Corte Constitucional haga un estudio a profundidad de los daños a los derechos fundamentales y colectivos que se han derivado de los derrames de petróleo. Así mismo, que se ordenen las medidas necesarias para la limpieza, remediación y restauración de los diferentes ecosistemas del territorio ancestral Awá, así como aquellas asociadas a la garantía del derecho a la salud y a la reparación integral”, puntualizó el Cajar.
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