
Un nuevo pleito legal atraviesa el director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, después de que el tribunal Administrativo de Cundinamarca admitiera para estudio una demanda que cuestiona el nombramiento de funcionario mediante el decreto 280 del 5 de marzo de 2024.
Según documentos revelados por la revista Semana, la acción judicial alega que dicho decreto presentó varias irregularidades que justifican su anulación total.
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La demanda argumenta que el acto administrativo carece de validez porque no se publicó previamente el nombramiento en encargo de Iván Enrique Fernández Pérez ni la finalización de dicho encargo, tras la salida de Laura Sarabia Torres. Según la querella, esto constituye una infracción fundamental que debería anular el nombramiento de Bolívar.
Sin embargo, aunque el tribunal asumió el caso e investigará el nombramiento, el ente decidió no conceder la medida cautelar solicitada, la cual pedía suspender provisionalmente a Bolívar de su cargo mientras se toma una decisión final.

El tribunal indicó que no se cumplen los requisitos necesarios para esta medida precautoria. “De las pruebas allegadas por la demandante, no conducen al decreto de la medida cautelar de suspensión provisional solicitada, toda vez que hay hechos que se deben probar, así como normas de las cuales se debe analizar su aplicación y procedencia”, figura en la decisión de diez páginas.
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El alto tribunal añadió que la ausencia de una relación violatoria clara y la necesidad de analizar más a fondo los hechos y las normativas hacen indispensable recolectar pruebas documentales y testimoniales antes de llegar a una conclusión. “No se encuentra con claridad que exista una relación violatoria que implique que se cause un perjuicio irremediable,” añadió el tribunal.
Entretanto, el actual director del DPS ya enfrenta otra demanda ante el Consejo de Estado contra su nombramiento, alegando que no cumple con los requisitos académicos ni de experiencia para el cargo. El demandante sostiene que el nombramiento se efectuó sin que Bolívar reuniera los conocimientos y competencias exigidos por la Constitución, la ley, los reglamentos y el manual de funciones y competencias laborales.
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También se menciona una violación del principio de igualdad y se acusa una desviación manifiesta de poder por parte del Gobierno nacional, representado por el presidente de la República, Gustavo Petro, quien tiene la facultad para designar a los directores de los departamentos administrativos.
Para evaluar estos alegatos, se observó en la hoja de vida del director del DPS que Bolívar cuenta con solo cinco años de experiencia en el sector público, incluyendo su tiempo en el Senado. Gustavo Bolívar renunció a su puesto en el Senado en 2018 para aspirar a la Alcaldía de Bogotá. Además, la formación profesional de Bolívar ha sido cuestionada, señalando que inició estudios en comunicación social y tiene un manejo “regular” del idioma inglés.
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Ante el material que reposa en los estrados, el tribunal se comprometió a revisar exhaustivamente los argumentos de ambas partes junto con las pruebas presentadas antes de llegar a una decisión definitiva sobre la anulación del nombramiento de Bolívar.
“En este caso resulta indispensable estudiar los argumentos que sobre el punto pueda esgrimir la parte demandada”, resalta el fallo del tribunal.
Mientras tanto, el funcionario del Gobierno no se ha referido al nuevo trámite que se adelanta en la rama judicial contra su nombramiento. De hecho, Bolívar publicó en la mañana de este lunes 8 de julio un mensaje en su cuenta de X de su paso por la ONU para exponer lo que está haciendo el Gobierno en materia de desarrollo sostenible.
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“Foro Político de Alto Nivel en la ONU para revisar el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Expondré lo que está haciendo el gobierno colombiano para lograr los objetivos 1 y 2 que tienen que ver con eliminación de la pobreza y el hambre. Un propósito sin tregua”, comentó el director del DPS.
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