En la mañana del jueves 4 de julio, padres de familia, junto con algunos pacientes en situación de discapacidad, se reunieron a las afueras de la EPS Sanitas en Barranquilla para bloquear el acceso a la sede.
Este grupo de personas protesta por falta de atención a 350 pacientes con diagnósticos de parálisis cerebral, autismo, dializados, entre otros padecimientos.
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Además, están denunciado la baja calidad en la atención de estos usuarios y el difícil acceso al servicio de transporte para ser trasladados a los centros médicos.
La presidenta de Apadeuc, asociación que reúne a padres de pacientes en situación de discapacidad, Rosalba Amaranto, explicó la principal raazón por la protesta: “Es una barrera que han puesto para impedir que los niños se rehabiliten y me parece injusto que esto esté pasando ahora mismo, cuando hay un interventor”.
La funcionaria además agregó que, “cuando intervienen una EPS es precisamente para mejorar y ahora estamos peor. Cuando llegó el interventor teníamos transporte para nuestros hijos, ahora no lo tienen y tampoco quieren entregar los medicamentos. Vemos puras trabas administrativas”.
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Por su parte, una de las usuarias en diálogos con Blu Radio, contó cómo ha afectado después de la intervención que ordenó el Gobieno nacional a la EPS Sanitas. Andrea Navarro, madre de un niño de 4 años, que fue diagnosticado con autismo, señaló que hace cerca de dos meses no le brindan atención neurológica a su hijo.
“Hace año y medio le detectaron el autismo, estaba recibiendo atención neurológica en ICN, pero hace dos meses estoy solicitándole a Sánitas la autorización para que lo vea el neurólogo y me dice que cambiaron de prestador, que ya no tiene contrato con ICN, sino que la misma EPS lo debe atender, pero cuando voy a apartar la cita, nunca hay agenda disponible”, indicó.
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Otra familiar en charla con el diario local Noticias Ya Barranquilla aseguró que “nos quitan médicos especializados, no nos dan solución. Desde mayo no tenemos atención oportuna. Esperamos a Supersalud”.
“Mientras Sanitas reportaba pérdidas, aumentaba sus gastos administrativos de manera injustificada”: Supersalud en hallazgos de intervención
La Superintendencia de Salud ha revelado los primeros hallazgos tras la intervención de la EPS Sanitas, intervenida en abril por no cumplir con indicadores clave como reservas técnicas y capital mínimo.
Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, informó en redes sociales sobre un aumento injustificado en los gastos operativos de Sanitas, que cuenta con más de cinco millones de afiliados. Indicó que la EPS destinó 104 mil millones de pesos a centros médicos y hospitales, inversiones que corresponden a las IPS y no a la EPS. Esto, según Leal, representa un caso de integración vertical.
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También se encontraron 64 contratos de arrendamiento con un costo anual de 56 mil millones de pesos y mejoras por 800 mil millones en inmuebles. En servicios de salud, el 76% de las contrataciones se hacía “por evento”, modalidad criticada por priorizar el volumen de procedimientos sobre la calidad.
La intervención reveló que Sanitas tiene un contrato exclusivo con un operador logístico de medicamentos por quince años, restringiendo su capacidad para gestionar directamente el suministro y distribución de medicamentos a sus afiliados.
Según la Superintendencia, el contrato incluye la posibilidad de subcontratar y delega la cesión del recaudo de copagos y cuotas moderadoras, limitando la operatividad de Sanitas en la distribución de medicamentos.
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Además, la Superintendencia destacó la falta de una descripción adecuada de los afiliados y debilidades en los reportes de los RIPS. También se mencionó la existencia de contratos innecesarios, como el de Andrés Murcia Vargas Asociados, que no aportaban beneficios claros a la EPS.
La intervención de Supersalud a la EPS Sanitas reveló que la gestión de medicamentos de la entidad se ve limitada por un contrato exclusivo de quince años con un operador logístico. Este acuerdo impide a Sanitas suministrar, dispensar o abastecer medicamentos directamente a sus afiliados o mediante otros proveedores, salvo que el contratista lo permita temporalmente.
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