Frente a la crisis fiscal que obligó al Gobierno a reducir el Presupuesto General de la Nación (PGN) en $20 billones, a causa del bajo recaudo tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en 2023 y a inicio de 2024, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) publicó un informe en el que detalló el impacto de las recientes reformas tributarias, tanto la del presidente Gustavo Petro como la del expresidente Iván Duque.
Según el informe, las reformas de 2021 y 2022 generaron ingresos adicionales de $24 y $30 billones en 2023 y 2024, respectivamente. Además, el estudio, basado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) presentado por el Gobierno, muestra que las reformas tributarias representaron un aumento del 1,5% y 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB) cada una, lo que sumó un total de $54 billones en ingresos adicionales en los últimos dos años.
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“El recaudo extra asociado a las dos reformas es similar, aunque no exactamente igual, al aumento de ingresos tributarios observados en los últimos dos años frente a lo proyectado en el MFMP de 2020 para 2023 y 2024″, explicó el centro de estudios económicos.
Gasto del Gobierno
Sin embargo, estos ingresos contrastan de manera significativa con el gasto del Gobierno en subsidios a los combustibles, relacionados exactamente con el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc).
“El Fepc se comió el recaudo tributario adicional”, señala el informe, que indica que el total del subsidio a los combustibles en los últimos dos años fue de $49 billones, lo que es casi equivalente a los $54 billones generados por las dos reformas tributarias.
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Además de los subsidios, el informe de Anif destaca un incremento promedio de $39 billones en el costo de los intereses durante 2023 y 2024, en comparación con las proyecciones de 2020. “Las dos reformas tributarias solo alcanzan para cubrir el 61% de estos dos gastos adicionales (mayores intereses y subsidios combustibles)”, afirmaron los investigadores de Anif.
Como se recordará, en 2021, durante el gobierno de Iván Duque, se introdujo la Ley de Inversión Social, y un año después, el presidente Gustavo Petro promovió la Ley de Igualdad y Justicia Social en el Congreso de la República. Estas medidas se esperaba que ayudasen a estabilizar las finanzas públicas, sin embargo, los costos asociados han sido considerablemente mayores a lo anticipado.
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Presión fiscal más alta
El informe también señala una presión fiscal más alta de lo previsto: “En su momento se proyectaba que los gastos del Gobierno alcanzaran 19% del PIB para 2023 y 2024″, pero finalmente, los gastos se situaron en 23.1% y 22.8% del PIB respectivamente. Esta expansión se atribuye a un aumento en el rubro de funcionamiento e inversión (1,1 puntos porcentuales), a un mayor pago de intereses (1,3 pp) y a los gastos por los subsidios a los combustibles (1,5 pp).
Según Anif, “la presión en gasto por mayor servicio de la deuda y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) ha sido 2,5 veces más grande que el del gasto público en funcionamiento e inversión”.
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Entonces, esto implicó una carga financiera considerable para el Estado, que a pesar de los ingresos adicionales generados por las reformas tributarias, no ha logrado cubrir completamente los costos adicionales.
El informe concluye que la estrategia fiscal del Gobierno debe ser revisada para gestionar de manera adecuada los recursos adicionales y contrarrestar la presión financiera actual. Los datos presentados por Anif dejan claro que las reformas tributarias, aunque beneficiosas en términos de ingresos, no fueron suficientes para enfrentar los altos gastos derivados de los subsidios y del servicio de la deuda.
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