El Museo Nacional de Colombia en Bogotá fue el escenario donde el Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) entregó su segundo informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, justo en la misma fecha en que se conmemoran dos años de la entrega del Informe Final de dicha Comisión.
El reciente informe del CSM se enfoca en áreas cruciales para la consolidación de la paz y la justicia en el país, abordando temas como la construcción de paz tanto a nivel nacional como territorial, la reparación integral a las víctimas, la ampliación de la democracia y el debilitamiento del narcotráfico; como también sobre aspectos esenciales como el acceso a la justicia, la superación de la impunidad, el mejoramiento de las condiciones de seguridad, y la promoción de culturas de paz.
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Marina Gallego, presidenta del CSM, afirmó durante la presentación: “El conflicto permanece y se acentúa en algunas zonas del país, por lo que se siguen generando desplazamientos forzados, confinamientos, asesinatos de líderes y lideresas sociales, de personas en proceso de reintegración, reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre otras violaciones a los derechos humanos. Las recomendaciones son una apuesta a futuro y el camino para establecer y fortalecer los diálogos sociales frente a la Colombia en paz, por lo que están en el centro de los debates del país, tanto a nivel nacional como territorial”.
En el informe, el CSM destacó la relación entre las problemáticas actuales y las recomendaciones del Informe Final señalando la necesidad de difundir los hallazgos y los resultados del monitoreo constante, dado que desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, y a dos años de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, se han registrado progresos significativos en diferentes áreas.
Sin embargo, el informe resaltó que, pese a los avances presupuestales, la reparación a las víctimas sigue siendo un reto formidable. La magnitud del problema es tal que el CSM estima que se necesitarían 46 años para reparar a todas las víctimas registradas hasta la fecha. Este desafío se agrava con el aumento continuo en el número de personas que requieren reparación, una cuestión que el Estado aún no ha conseguido manejar de manera efectiva.
En términos de políticas de paz, el informe analizó la implementación de la Paz Total promovida por el Gobierno de Gustavo Petro, subrayando que, aunque se apreciaron algunos avances, se debe establecer y aprobar un marco jurídico sólido que guíe las negociaciones de paz de manera urgente, dado que la falta de un diseño y aprobación completos de dicho marco plantea un obstáculo significativo para el proceso.
El CSM enfatizó que mantener en el radar las recomendaciones y hallazgos de la Comisión de la Verdad es crucial para entender y abordar los desafíos políticos, económicos y sociales actuales de Colombia. Este ejercicio busca no solo reflejar los progresos, sino también, destacar las áreas que requieren atención inmediata y sostenida para avanzar hacia una Colombia en paz.
El informe indicó que la presencia de múltiples grupos armados en el territorio y los conflictos entre ellos y con el Estado requieren una política de paz que integre la implementación del Acuerdo de 2016 con negociaciones políticas y el sometimiento a la justicia de grupos armados no políticos. En este contexto, el CSM hizo un llamado a fortalecer la colaboración armoniosa en todos los niveles y avanzar en la aprobación de una Ley de Sometimiento a la Justicia para dichas organizaciones armadas.
“Para el CSM, es necesaria una solución política a las negociaciones, con el fin de que los ceses al fuego bilaterales se conviertan en multilaterales entre grupos armados en disputas regionales y con el tiempo, en ceses permanentes (...) y que los diferentes procesos de negociación que se están llevando a cabo tengan en cuenta el principio de centralidad de las víctimas”, se lee en el documento.
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