El Centro de Estudios Económicos Anif reveló recientemente un informe sobre la operatividad empresarial en el país, en el que examinó variables como el tamaño, sector y participación en el mercado de las empresas. Este estudio, que busca descifrar los matices de la informalidad en las micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores de comercio, industria, servicios y construcción, también proporcionó un perfil de la formalidad empresarial basado en varios factores.
Un punto destacado en el informe es el tipo de contrato que las empresas ofrecen a sus empleados. En el rango de las MiPymes, el contrato laboral es la modalidad predominante. En el sector comercio, servicios y construcción, el contrato a término indefinido es el más común, mientras que en el ámbito industrial se prefiere el contrato a término definido. Sin embargo, una considerable participación del 30% de las contrataciones se realiza mediante la prestación de servicios.
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El uso del efectivo en las operaciones también es un factor clave, ya que aquellas empresas que recurren más al efectivo tienden a distanciarse de la formalidad. Las microempresas son las que más utilizan efectivo y, llamativamente, el 46,8% de ellas no cuenta con un sistema de contabilidad. En contraste, el 52% de las medianas empresas emplean algún tipo de software o contador, facilitando la integración de la facturación electrónica en sus procesos.
Los aportes de salud y pensión representan otro índice significativo de formalidad. “Al observar los resultados salta a la vista que entre los encuestados la mayoría piensa que hacer gestión de estos trámites es costoso o no están interesados”, señala el estudio de Anif. Las microempresas muestran una baja adherencia a los certificados de salud y pensión, con un 54,3% del sector comercio y 47% del sector servicios sin contar con estos certificados. No obstante, en el sector de la construcción, el 75,4% afirman tener certificados de afiliación de sus trabajadores.
Las compañías también son evaluadas en función de su Registro Único Tributario (RUT). Más del 80% de las pequeñas y medianas empresas cuentan con dicho registro, 78,6% de las microempresas igualmente tienen el RUT, mientras que en el sector industrial, un 72,2% de las empresas confirma tenerlo.
Finalmente, el estudio de Anif pone de relieve que un porcentaje significativo de las medianas empresas del sector de la construcción no cuentan con certificaciones de salud y pensión, no debido al costo, sino porque no logran entender el procedimiento necesario para obtenerlas.
¿Qué representa?
La falta de afiliación de los empleados a sistemas de salud y pensión tiene implicaciones para trabajadores como para las empresas y la economía en general. En primer lugar, los empleados sin afiliación quedan desprotegidos ante enfermedades, accidentes laborales o situaciones imprevistas que podrían requerir atención médica costosa. La ausencia de una pensión también significa que los trabajadores no tienen asegurado ningún ingreso en su vejez, lo que puede llevar a situaciones de pobreza y desamparo en una etapa de la vida en la que son más vulnerables.
Para las empresas, no afiliar a sus empleados puede tener consecuencias legales y financieras. La normativa laboral establece sanciones para las compañías que incumplen con sus obligaciones de afiliación, lo que podría traducirse en multas significativas y efectos negativos sobre su reputación. Además, la falta de formalización puede limitar su acceso a beneficios fiscales y a programas de apoyo gubernamentales destinados a empresas formalizadas, lo que a largo plazo puede afectar su competitividad y crecimiento.
Finalmente, la informalidad laboral impide un desarrollo económico equitativo y sostenible. Las empresas que no cumplen con sus obligaciones de afiliación contribuyen a la perpetuación de una economía informal que carece de regulaciones y protecciones adecuadas, lo que potencia la desigualdad y limita el progreso social y económico del país.
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