Por presunto abuso sexual a menor de 11 años, Procuraduría abrió indagación a funcionarios de un colegio en Bogotá

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que indagará a profesores y directivos del colegio Gustavo Restrepo en Bogotá, por el presunto abuso sexual a una estudiante de 11 años. De acuerdo con el ministerio público, los funcionarios a investigar están por determinarse.

La Procuraduría aseguró que se encuentran verificando las denuncias, declaraciones y acusaciones en medios de comunicación de la madre de la alumna, en la que afirma que su hija sufrió acceso carnal violento por otro estudiante de 13 años dentro de la institución.

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El ente disciplinario también precisó que se encuentra constatando si es el único acto violento perpetrado por el joven o si existen otras víctimas en el colegio. De igual forma, la Procuraduría busca confirmar si los servidores públicos del centro educativo activaron las rutas de atención obligatorias según la ley.

El Ministerio Público busca esclarecer las denuncias que son objeto de investigación, razón por la cual ordenó la práctica de pruebas pertinentes.

La institución educativa se encuentra ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe, y los hechos habrían ocurrido en las instalaciones del colegio el 4 de junio, cuando la menor de 11 años fue a buscar sus pertenencias, pero se encontró con su agresor.

Una vez reportado lo ocurrido, al colegio Gustavo Restrepo llegó una patrulla de la Policía Nacional y una ambulancia para verificar el estado de salud de la menor.

Casos de abuso sexual en Bogotá

Semanas atrás la Procuraduría General de la Nación advirtió sobre el preocupante aumento en los casos de violencia sexual en colegios públicos y privados de Bogotá.

Según datos revelados por la Secretaría de Educación de la capital, entre enero y marzo de 2024 se registraron 1.664 casos de abuso en niños, niñas y adolescentes, una cifra que sacude a la comunidad educativa y a la ciudad entera.

La concejal Diana Diago, del Centro Democrático, elevó un derecho de petición que llevó a esta investigación por parte del ministerio público, motivo por el cual la respuesta de la Procuraduría no se hizo esperar. En una comunicación urgente dirigida a Isabel Segovia Ospina, titular de la Secretaría de Educación, el ministerio público exigió información detallada sobre las medidas adoptadas para prevenir y atender esta grave situación.

Además, la Procuraduría solicitó un reporte actualizado del número de casos registrados en el Sistema de Alertas Tempranas en lo que va del año, relacionados con agresión escolar, acoso escolar, ciberacoso y otros delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Exigiendo transparencia total, el órgano de control demandó que estas cifras sean remitidas mensualmente para un seguimiento riguroso.

La Procuraduría también indagó sobre la existencia de un protocolo específico para abordar los casos de abuso sexual en las instituciones educativas y cuestionó si los establecimientos están cumpliendo con las directrices ministeriales para la protección y garantía de los derechos de los menores.

Con la magnitud de estos hechos, la atención pública ahora se centra en las respuestas y acciones que tomen las autoridades locales. Por lo pronto hay expectativa respecto a las medidas concretas se implementarán para detener la ola de violencia. La comunidad educativa y las familias exigen respuestas y acciones inmediatas al Gobierno nacional.

Dónde denunciar un caso de abuso infantil

Para denunciar maltrato infantil, se debe acudir al Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (Cavif) de la Fiscalía, a la Policía de Infancia y Adolescencia, o a la autoridad policial local. La Policía y la Fiscalía investigarán y remitirán el caso al Juez Penal.

La Fiscalía enviará al menor a un examen en el Instituto de Medicina Legal para evaluar la gravedad de las lesiones y determinar la responsabilidad del implicado. En casos de agresión psicológica, se debe acudir al Defensor o Comisario de Familia, quienes tomarán medidas para restablecer los derechos del menor, como asistencia psicológica o psiquiátrica.