
La elección José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia, el 21 de marzo, sigue generando polémica. Su posesión, el 2 de mayo, no fue ante el Consejo Superior Universitario (CSU) en Bogotá, sino en una notaría, lo que desató una serie de reacciones y acciones legales; y todo por la determinación del Gobierno de desconocer esta determinación y enfocarse en su caída.
Durante la sesión, el nombre de Peña fue aprobado, pero debido a un error en los datos de expedición de su cédula de ciudadanía, el acta no se firmó en aquel momento. Así quedó evidenciado en el audio revelado por Blu Radio el lunes 17 de junio, en el que se constató que no hubo discrepancias en la elección y que el único punto pendiente era la corrección del municipio de expedición de su documento.
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Este recurso, correspondiente a la sesión extraordinaria 05 del CSU, se convertiría en la principal prueba contra el Ejecutivo, pues pese a estar de acuerdo con la designación del rector Peña en primer término, luego tuvo un trascendental viraje. El audio comprobaría que no hubo irregularidades aparentes en la elección; contrario a lo que ha indicado la ministra de Educación, Aurora Vergara.

La titular de la cartera, que presidió la sesión, solicitó a los consejeros presentes si tenían objeciones respecto a la decisión. Ninguno presentó observaciones adicionales, excepto la corrección del lugar de expedición, que debía ser Chiquinquirá (Boyacá) y no Marinilla (Antioquia). No obstante, tras el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, la posición de Vergara cambió.
Petro expresó su desacuerdo a través de su cuenta de X y criticó la decisión del CSU por no elegir a Leopoldo Múnera, que había ganado en las elecciones de todos los estamentos universitarios. El mandatario, incluso, calificó esta elección como “un golpe antidemocrático contra el estudiantado, el profesorado, y los trabajadores de la universidad”, por lo que pidió tomar medidas al respecto.
El enredo de la elección de José Ismael Peña y su posterior destitución
Pese a que la ministra Vergara ofreció varias explicaciones, nunca firmó el acta, como se reseñó en el citado medio. Lo que provocó que Peña tuviera que tomar posesión en la Notaría 14 de Bogotá, en lugar de hacerlo ante el CSU, debido a prórrogas en su situación. Frente a esto, la titular de la cartera se encargó de alimentar la controversia y a desconocer lo acordado el 21 de marzo para la llegada del elegido rector.

Frente al escándalo, la ministra indicó que no firmaría el acta hasta que reflejara “la verdad de lo sucedido en la sesión del 21 de marzo”. Cuatro miembros del CSU presentes en la sesión, como Verónica Botero y Diego Torres, pidieron levantar la reserva de los audios de las nueve horas de reunión y hacerlos públicos; y aunque Vergara autorizó su divulgación, enfatizó que se necesitaba aprobación de los otros miembros.
El 7 de mayo, durante un Consejo de Ministros, Vergara se declaró impedida para la inspección y vigilancia del proceso de designación de Peña, y se nombró al ministro de Cultura, Juan David Correa, como ministro de Educación ad hoc. El designado funcionario, solo hasta el 6 de junio, logró el cometido del Gobierno: tumbar a Peña y designar en su lugar a Múnera como nuevo rector, en medio de duras críticas.
Frente a esta determinación, el suspendido rector, es válido precisar, anunció acciones judiciales, al tiempo de que una demanda interpuesta ante el Consejo de Estado, por Múnera y el abogado Rodrigo Uprimny, exdirector de Dejusticia, sigue sin resolverse; que en caso de ser favorable a Peña podría tirar por la borda lo actuado por el Consejo Superior Universitario.
Hasta la fecha, recalcó Blu Radio, aún no se ha dado la autorización de dos delegadas presidenciales, Danna Nataly Garzón y María Alejandra Rojas, para hacer públicos los audios completos de la controvertida sesión del 21 de marzo.
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