Director de la Agencia Nacional de Tierras dice que es bajo su dirección que se han denunciado irregularidades

Luego de que se conocieran presunta irregularidades que tendrían en riesgo la tercera parte de los recursos asignados para la compra de tierras, el director de la ANT, Felipe Harman, aseguró que ha sido bajo su gestión que se han puesto en conocimiento de los hechos a las autoridades.

“Ratificamos públicamente que ha sido bajo mi dirección que se ha puesto en conocimiento a autoridades de control posibles irregularidades en el proceso de compra”, afirmó el funcionario, luego de que se conocieran posibles problemas en la ejecución de la reforma agraria.

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Harman señaló que desde su llegada al cargo ha implementado estrategias para garantizar la correcta ejecución del programa de compra de tierras para restitución, como la resolución única de compra, el mecanismo de control de precios, así como un canal abierto de denuncia frente a postulaciones de predios y asignaciones de subsidios.

Además, el director de la ANT señaló que, como lo hizo público el 10 de mayo, su dirección ha interpuesto 14 denuncias ante la Fiscalía “sobre presuntas irregularidades en procesos internos y trámites de compra de predios. Creamos procedimiento único de compra bajo resolución”.

El pronunciamiento de Harman se da luego de la denuncia de Aurelio Suárez en una columna en Semana en la que señaló que señaló que no se estaría cumpliendo la normativa de la ley 160 de 1993, en la titánica compra de tierras que se propuso el Gobierno nacional.

Expuso irregularidades como especulación, tierras improductivas e inundables, posibles testaferros y falta de pago a oferentes. Asegura que un tercio del presupuesto destinado al programa está involucrado en estos casos problemáticos y que casi la mitad de las hectáreas a entregar presentan irregularidades.

Una de las críticas más severas del columnista se centra en un caso específico en Caloto (Cauca), donde se adquirieron 23 predios cuya propiedad final sería de Alberto Bernal Seijas, condenado por la masacre de El Nilo en 1991. Según Suárez, la venta se realizó a través de varias empresas relacionadas con la familia de Bernal, y la ANT pagó $18.516 millones de pesos por 285 hectáreas.

Otro caso descrito se registró en el Meta. Suárez señaló la compra del predio Hato Rondón en San Juan de Arama, con una extensión de 1.047 hectáreas, presenta varias irregularidades: falta de informes agronómicos, jurídicos, de uso del suelo, ambientales y de control de calidad. El vendedor, Palma Capuchinos SAS, aparentemente adquirió el predio por 2.050 millones en febrero de 2023 y lo vendió siete meses después en 10.994 millones.

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, respondió a las denuncias a través de su cuenta de X, señalando que la ANT tiene instrucciones claras de reportar cualquier irregularidad a las autoridades pertinentes.

Mojica señala que el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, tiene la misión de informar a las autoridades de control sobre cualquier irregularidad en los procesos de compra de tierras. También mencionó que el ministerio apoyará la aplicación de la ley para garantizar que los recursos públicos se utilicen correctamente.

La denuncia de Suárez extiende su alcance a varios departamentos, incluyendo Cauca, Valle del Cauca, Meta, Vichada, Sucre y Cesar. Afirma que muchos de los terrenos en la costa corren riesgo de inundación y que las irregularidades cubren la mitad de las tierras compradas, involucrando $134.000 millones, una tercera parte del gasto público.

Ante estas críticas, la ministra Mojica y el director de la ANT, Felipe Harman, afirman que están comprometidos a esclarecer lo ocurrido y a tomar las medidas necesarias para asegurar la transparencia en el uso del recurso público destinado a la adquisición de tierras. Mojica expresó: “Este Ministerio hará el acompañamiento necesario para que se aplique la ley con todo el rigor.”