En California (Santander), la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, fue cuestionada por varios mineros que se opusieron a la implementación del Decreto 044 de 2024, mediante el cual se busca declarar y delimitar reservas de recursos naturales. Esto, de acuerdo con el documento, tiene como fin hacer un ordenamiento minero-ambiental del territorio.
“El presente decreto tiene por objeto establecer criterios a partir de los cuales el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo el principio de colaboración armónica con las entidades del sector minero energético, identificará, delimitará y declarará, mediante acto administrativo motivado, reservas de recursos naturales de carácter temporal (sic) como zonas de protección”, detalla el documento en cuestión.
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Sin embargo, los mineros de California, Suratá, Soto Norte y Vetas rechazaron la iniciativa del Gobierno nacional, asegurando que 15.000 personas de la región podrían verse seriamente afectadas en su economía por el impacto que tendría en la minería. Esto, porque durante la vigencia de la declaratoria de reserva no se podrán otorgar permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales, según el decreto.

“La resolución del Gobierno nacional sepulta nuestra economía y condena a la miseria a más de 9.000 personas que habitamos en Vetas, California, Suratá y Matanza. Nos están violando nuestros derechos a la participación ciudadana, al mínimo vital, al trabajo, a la igualdad y a la identidad cultural de los mineros tradicionales”, indicó Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, citada por Blu Radio.
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Por su parte, una mujer minera criticó a la ministra de Ambiente por defender los derechos de la población Palestina y no los de los santandereanos. “Ministra, nosotros no somos irrespetuosos, nosotros lo que defendemos es nuestros derechos, nuestras raíces; raíces que la he visto muy activa defendiendo. A diferencia de nosotros, es que sus raíces son foráneas, sus raíces son extranjeras, son de Palestina. Nosotros somos de raíces chicaneras”, aseveró.
Insistió en una presunta desatención de la ciudadanía por parte de la jefe de cartera, indicando que estaría más envuelta en la situación palestina que en las problemáticas del país. “Mientras que ella está preocupada por Palestina, aquí en Colombia, nuestro territorio, nos está hostigando la ilegalidad”, precisó. Asimismo, aseguró que el Gobierno actual, en cabeza del presidente Gustavo Petro, es “prepotente” y se ha centrado en ignorar a la población minera.
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Otra mujer minera intervino, indicando que el ordenamiento del territorio no es algo nuevo; la misma población se ha encargado de ello. De hecho, indicó que el esquema de ordenamiento territorial de Vetas protege los robledales que antes estaban desprotegidos.
“Nosotros sabemos dónde hacer la minería y cómo hacerla, y no necesitamos que nadie nos diga. (sic) Hemos hecho minería durante años, durante décadas y siglas acá en este territorio y hoy queremos decirle, ministra, que no nos queremos convertir en minúsculos, pequeñísimos, cosa que no le estorbemos a nadie”, aseveró la ciudadana, indicando que muchos mineros quieren convertirse en exitosos empresarios.
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La jefe de la cartera se pronunció al terminar la reunión con los mineros y dio sus propias conclusiones sobre lo que pasó. “Hemos terminado un diálogo abierto con mineros de Vetas, California, Soto Norte. No terminó en un diálogo productivo con alguna conclusión de fondo y creemos que necesitamos establecer otros canales”, indicó.
“Tenemos aquí un conflicto en donde hay un punto en común: el Gobierno nacional está de acuerdo con la formalización de la minería tradicional, la pequeña minería, hecha por los habitantes de estos municipios mineros, pero en una escala que permita que el agua podamos manejarla conjuntamente y no haya afectaciones en el ciclo de agua”, explicó.
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No obstante, eso implica hacer un ordenamiento territorial alrededor del agua mediante las reservas temporales, que han generado conflicto entre la población. De acuerdo con la ministra, los mineros y mineras están en un “desacuerdo total”, teniendo en cuenta también que no se ha determinado poner un determinante ambiental. El debate entonces está en definir cuál es la escala de minería que se debe hacer, a sabiendas de que, en algunas partes, esta actividad económica afecta bocatomas de acueductos y concesiones de agua.
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