Luego de casi dos décadas de lucha jurídica, la justicia de Estados Unidos declaró culpable a la multinacional bananera Chiquita Brands de financiar al antiguo grupo paramilitar colombiano Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004. Como consecuencia, tendrá que pagar 38,3 millones de dólares a las personas demandantes y a las familias de las víctimas del paramilitarismo.
Pues, en siete años entregó más de 1,7 millones de dólares a los bloques Norte, Bananero y Élmer Cárdenas de las AUC a cambio de recibir servicios de “seguridad privada”, según detalló la Comisión de la verdad. Así las cosas, al fallo de la justicia estadounidense se le aplicará el Código Civil colombiano y la empresa estará obligada a pagar la millonaria indemnización, de acuerdo con expertos consultados por El Tiempo.
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“Este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Estas familias, víctimas de grupos armados y corporaciones, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial”, explicó el asesor general de la organización no gubernamental EarthRights International, Marco Simons, citado por la revista Cambio.
Sin embargo, parece que la compañía no tiene cómo pagar esa cantidad de dinero. Según detallaron expertos a W Radio, la compañía tendría que reconocer 2,5 millones de dólares por familia afectada. Dichas familias están divididas en tres líneas procesales y abarcan una totalidad de 6.400, aproximadamente.
En ese sentido, los expertos indicaron al medio que Chiquita Brands podría terminar siendo responsable del pago de 16.000 millones de dólares. La empresa no tendría cómo responder a dicha indemnización, teniendo en cuenta que los ingresos que tuvo en 2023 fueron de 3,1 millones de dólares. En ese sentido, indicaron que la compañía podría estar cercana a la bancarrota.
La emisora reveló cuánto dinero recibirán algunos de los demandantes, que son familiares de víctimas de las acciones de los paramilitares en la región del Urabá.
Ahora bien, esta no es la primera vez que la empresa se ve obligada a pagar una millonaria suma por financiar a las AUC. En 2007, cuando se declaró culpable de ayudar económicamente a los paramilitares, fue multada. “La justicia norteamericana ha avanzado, primero impuso una multa de 25 millones de dólares a esa empresa, pero ese dinero quedó en Estados Unidos y las víctimas están en Colombia. En Colombia, las empresas y personas que financiaron el paramilitarismo, sobre todo en esa región, gozan de impunidad”, precisó el exidrecto de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Gerardo Vega en abril de 2024, cuando empezaron los juicios contra la compañía.
Durante las diligencias en la Corte, la defensa de la multinacional alegó que los pagos que se efectuaron, que fueron 100, aproximadamente, respondieron a la necesidad de proteger a los trabajadores de la empresa bananera. Al parecer, estaban siendo víctimas de extorsiones y de amenazas. Pero, la justicia estadounidense determinó que el dinero entregado sirvió para que la empresa contara con seguridad y, mientras tanto, las AUC continuaban creciendo, delinquiendo y perpetrando masacres en la región del Urabá.
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre 1991 y 2011, los paramilitares ejecutaron 97 masacres en la región, dejando un saldo de 607 víctimas. Además, según detalló el exdirector de la ANT, en general, el paramilitarismo afectó a más de 4.000 personas en la zona.
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