Gobierno congeló recursos para la Procuraduría General de la Nación, la Auditoría y la Defensoría del Pueblo: oposición asegura que es un bloqueo a la justicia

En la tarde del jueves 6 de junio se conoció que el Ministerio de Hacienda ordenó frenar la ejecución de recursos de las entidades que dependen del Presupuesto General de la Nación.

De acuerdo con información revelada por la revista Semana, el freno sería tanto para funcionamiento como inversión de entidades como la Procuraduría General de la Nación, Auditoría General de la República y Defensoría del Pueblo.

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A partir de este momento, las entidades no podrán emitir Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para garantizar su normal funcionamiento.

Esta decisión genera preocupación, ya que es necesario el CDP para contratar nuevos servicios o personal. En la mayoría de las entidades, los únicos certificados emitidos inicialmente para toda la vigencia son para servicios como vigilancia, aseo e insumos. Los demás certificados se expiden gradualmente según las necesidades.

El argumento que que habría dado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para tomar la decisión sería el bajo nivel del recaudo por parte del Gobierno y la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), según conoció el medio mencionado.

A través de las redes sociales, se conocieron las diferentes reacciones tras conocer la decisión, “en el fondo están pretendiendo a futuro hacerse con esas entidades. Esta absurda medida hay que denunciarla y determinar sus responsables”; “El gobierno en contra de la mitad de los Colombianos”; “Son organismos autónomos, no dependen del Ejecutivo y ya tienen presupuesto asignado. Si Petro les quita recursos, sería ilegal, porque tenemos un presupuesto anual aprobado por el Congreso”: fueron algunos de los mensajes.

Confirmado pobre dato económico que generó problemas a la Dian y a las finanzas del Gobierno Petro

Colombia atraviesa un momento económico incierto, influenciado por las altas tasas de interés (11,75%), la inflación interanual del 7,16% en abril y el precio del dólar, que supera los $3.800. A esto se suman los proyectos de reforma del Gobierno de Gustavo Petro en áreas como la laboral, pensional, servicios públicos y salud.

Adicionalmente, el tema del recaudo tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha ocasionado tensiones entre Luis Carlos Reyes, exdirector de la entidad y actual ministro de Comercio, Industria y Turismo, y Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.

“El recaudo acumulado a abril alcanzó $85,9 billones, con una reducción de 10,3% nominal y una reducción de 15% real frente al acumulado a abril de 2023″, precisó la entidad en reciente informe. Además, señaló que la cifra representa el 28,3% de la meta de recaudo bruto para 2024 ($312,4 billones) y se ubica por debajo de la ejecución proyectada (31,5%).

En cuánto al ministro Bonilla había dicho que “todo indica que hay problemas en la gestión fiscal”, por lo que explicó que “es función de las direcciones de impuestos hacer procesos que no son simplemente esperar que los declarantes hagan su declaración y paguen, sino que es gestión fiscal, hacer todos los procesos de fiscalización”.

El Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf) confirmó en su reciente informe que la Dian no alcanzó las cifras de recaudo estimadas para lo que va de 2024.

El Carf evaluó la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN). Reportó que, hasta abril de 2024, se han comprometido 169,7 billones de pesos del PGN 2024, equivalente al 33,7 % del total de 502,6 billones de pesos. Detalló que la mayor proporción de compromisos corresponde al rubro de inversión, con un 45,3 %, seguido por el gasto de funcionamiento, con un 32,7 %.

En cuanto a las obligaciones, estas suman 122,0 billones de pesos, lo que representa el 24,2 % del total de las apropiaciones.