Petro modificará los servicios públicos: ya sabe cuándo se presentará reforma para cambiar el cobro de luz, agua y gas

No se ha terminado de debatir el proyecto de reforma pensional, así como tampoco iniciaron de manera formal los debates del proyecto de reforma laboral y el Gobierno de Gustavo Petro ya anunció cuándo presentará una nueva iniciativa al Congreso de la República.

Se trata del proyecto de reforma de servicios públicos. A esta se refirió el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, al dar a conocer un balance y reveló futuros pasos para el sector eléctrico en Colombia luego de superar el fenómeno de El Niño.

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El funcionario especificó que esperan radicar la reforma de la ley de servicios públicos el próximo 20 de julio. “Hemos hecho asambleas con usuarios con el fin de revisar las propuestas para modernizar la ley de servicios públicos”, explicó el ministro.

Aseguró a El Tiempo que esta reforma busca evitar que los asuntos tarifarios desaten crisis como la que ha visto Colombia recientemente. “También hemos empezado algunas mesas con las empresas porque quisiéramos radicar una ley con el mayor consenso posible”, añadió.

Asimismo, resaltó que las empresas del sector eléctrico ya están familiarizadas con las líneas generales del proyecto de ley. “Las empresas pueden señalar los riesgos que pueden venir, pero ya les hemos señalado los elementos centrales de esa reforma”, afirmó. Además, que ya se organizaron reuniones con usuarios y empresas para consolidar un consenso amplio.

Modernización del marco regulatorio

El ministro apuntó que esta reforma busca modernizar el marco regulatorio y brindar certezas hacia adelante. “Nosotros estamos trabajando para que sea un mecanismo de modernización y de construcción de certezas hacia adelante”, dijo.

En relación con lo aprendido del fenómeno de El Niño, Camacho destacó la importancia de una adecuada planificación y gestión de recursos. “Hemos aprendido la importancia de una gestión eficiente y de planificar con antelación”, comentó.

Anotó también que el Gobierno mantiene diálogos activos con empresas y usuarios para incorporar sus sugerencias en el proyecto de ley. “Quisiéramos radicar una ley con el mayor consenso posible, por eso hemos empezado mesas de trabajo con las empresas y asambleas con los usuarios”, destacó el ministro. Estas reuniones han facilitado que tanto el sector empresarial como los consumidores puedan expresar sus preocupaciones y sugerencias respecto a la reforma.

De igual forma, recalcó que la reforma no solo se enfoca en temas tarifarios, sino también en la modernización del sistema. “Es una reforma integral que busca modernizar el sistema y proporcionar certezas para todos los actores involucrados”, afirmó. Se espera que la nueva ley contribuya a mejorar la calidad del servicio y a prevenir futuras crisis.

La sequía generada por el fenómeno de El Niño había afectado diversas áreas del país, incrementando la demanda de energía y exponiendo debilidades en el sistema eléctrico ,por lo que Camacho mencionó que, al revisar las propuestas para la nueva ley, se prestó especial atención a los mecanismos que podrían evitar crisis tarifarias. “Hemos revisado las propuestas con detenimiento para asegurarnos de que las tarifas no sean una fuente de crisis”, aseguró.

Intervención estatal

Es de anotar que en febrero de 2024 se conoció un borrador de una propuesta que busca reformar la regulación de los servicios públicos en el país, lo que generó. En el documento, que dio a conocer Portafolio, se establece que “la regulación de los servicios públicos está a cargo del presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente”. Esta disposición suscita debates sobre el nivel de intervención estatal en estos servicios esenciales.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, se pronunció en contra de la propuesta y señaló que “este es un proyecto que desconfía de la estructura regulatoria que tiene el país y prácticamente quiere abolirla”. El dirigente destacó que la regulación actual permite una participación igualitaria de empresas públicas, privadas y mixtas, fundamental para el éxito del modelo vigente.

También manifestó su malestar por el alejamiento de un proceso concertado para la reforma. “Se estaba avanzando en una posible construcción de manera concertada del proyecto de reforma a la ley de servicios públicos, pero al ser conocida la última versión de este texto se siguen dando pasos atrás sin tener en cuenta aspectos fundamentales que desde el gremio se habían señalado”, añadió.

De igual manera, señaló algunos de los aspectos principales de este borrador de reforma que serían perjudiciales para la prestación de servicios públicos en Colombia. Son los siguientes:

• Preocupa que entre los principios rectores, que representan la brújula para la prestación de servicios públicos, no se incluyen algunos que han sido esenciales para el desarrollo y el mejoramiento de los indicadores de la cobertura y la calidad de los servicios, como el de libertad de entrada y el de suficiencia financiera.
• Las atribuciones que se le conceden al presidente de la República como directo regulador, ya que las decisiones de las comisiones reguladoras con sustento técnico podrían ser reemplazadas por prioridades de carácter político. Además, esta medida es contraria a la decisión recientemente adoptada por el Consejo de Estado que decretó la suspensión provisional del decreto de reasunción de funciones regulatorias por parte del presidente. “Esta discusión parecía tema superado debido a que el Gobierno tiene mayorías absolutas en cada una de las comisiones y solo le falta nombrar algunos miembros en propiedad”, enfatizó.
• Facultades exorbitantes al superintendente de Servicios Públicos, incluyendo el ejercicio de funciones jurisdiccionales con un poder absoluto y sancionador, incluyendo multas confiscatorias, sin criterios claros de dosimetría, que podrían desembocar en arbitrariedad e ineficiencia en el ejercicio de sus funciones en perjuicio de los usuarios.
• Se plantea el tema de mínimos vitales en todos los servicios, incluyendo las TIC, sin precisar con claridad las nuevas fuentes de financiación que lo faciliten. En estos momentos de estrechez fiscal y de decrecimiento económico no hay un espacio de recursos que puedan soportar esta nueva situación y, por el contrario, se aumentaría el déficit a niveles insostenibles, poniendo en riesgo la suficiencia financiera de las empresas.
• Como se ha insistido anteriormente, las TIC, por sus características de prestación, las particularidades y especialidad requeridas tanto en lo regulatorio como en lo técnico, sus entidades de regulación y vigilancia, las reglas de competencias a las cuales están sujetas, entre otras, no deben estar incluidas, en ningún caso, en la posible modificación a la Ley 142 de 1994 (régimen de los servicios públicos domiciliarios) dado que existen ya normas específicas que regulan la prestación de estos servicios y allí es donde se deben hacer las modificaciones que correspondan.