
A las 7:30 de la mañana del martes 28 de mayo, el empresario Luis Eduardo López Rosero, también conocido como Pastuso, acudió a la sede de la Fiscalía.
Acompañado por su abogado Luis Carlos Jiménez, estuvo presente durante tres horas y media revisando las pruebas presentadas por las autoridades sobre el escándalo de la compra irregular de carrotanques en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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La fiscal 79, Andrea Muñoz, mostró a López Rosero y a su defensor un organigrama que incluía giros, montos, llamadas y fechas relacionados con el caso. López Rosero habría proporcionado información detallada que podría ser utilizada en una eventual colaboración judicial.
Según indicó El Tiempo, durante la presentación de las evidencias el Pastuso reconoció haber sido contactado por un asesor de Olmedo López a través de un miembro del club de bicicletas al que pertenece, donde comparte con otros importantes empresarios de Nariño.
López Rosero también reveló que le propusieron el negocio y le dijeron que seleccionara tres empresas para llevarlo a cabo. Bajo la suposición de que la ilegalidad no sería descubierta, escogió las empresas Brand SAS de su esposa Sandra Brand, Impoamericana Roger SAS de un subalterno, y su compañía Luket SAS.

Lo anterior fue confirmado a El Tiempo por una fuente cercana al caso la cual dijo “López Rosero admitió que le plantearon el negocio y le dijeron que escogiera tres empresas para ejecutarlo. Como creían que nunca se iba a conocer el ilícito, él seleccionó a la de su esposa (Brand SAS); la de su subalterno (Impoamericana Roger SAS); y la suya: Luket SAS”.
El contrato de proveeduría fue preparado en colaboración con Sneyder Pinilla, quien ocupaba el cargo de subdirector de manejo de desastres en ese momento. La transacción ascendió a 46.800 millones de pesos por los carrotanques, incluyendo el soborno. López Rosero habría señalado que este esquema fue diseñado para beneficiar a las tres empresas seleccionadas.
El proceso se desarrolla bajo estricta confidencialidad, pero según El Tiempo, tanto Sandra Brand como su hija Karen, una estudiante de medicina, están implicadas en las investigaciones.
Los vínculos entre López Rosero y Pinilla
López Rosero fue citado a interrogatorio por la fiscal Andrea Muñoz luego de admitirse reuniones cruciales relacionadas con el caso de corrupción que involucra préstamos y pagos ilícitos a políticos.
Sneyder Pinilla, un testigo ahora protegido por la Fiscalía, reveló que recurrió a un préstamo de otro contratista para realizar los primeros pagos a los políticos involucrados en el caso. Según el mismo medio de comunicación, Pinilla mencionó que en febrero se encontró con López Rosero para devolver parte de estos recursos. Este encuentro se considera una pieza clave en la investigación en curso.
Además, se han registrado reuniones significativas en la oficina del penalista José Moreno, a quien López Rosero inicialmente planeaba contratar como su abogado defensor.
Luego de tres horas y media en el despacho la fiscal Muñoz convocó a López Rosero para que proporcione pruebas documentales que sustenten su declaración.
En un ángulo adicional, la figura de Pedro Rodríguez Melo, asesor de Olmedo López, se perfila como una pieza esencial en la trama. Rodríguez Melo fue el jefe jurídico del exgobernador de Nariño Camilo Romero, afiliado al partido político Alianza Verde. Salió de su cargo poco antes de que estallara el escándalo de los carrotanques, que involucró denuncias de corrupción y ocultamiento de información por parte de Olmedo López. Según El Tiempo, Rodríguez Melo también será citado por la Fiscalía para aclarar su participación en los hechos.

El entramado de corrupción fue denunciado originalmente por Olmedo López, lo que desencadenó una serie de investigaciones y citas a interrogatorio por parte de la Fiscalía. “La presión para obtener respuestas concluyentes no cesará hasta que todos los detalles sean revelados,” afirmó una fuente cercana al proceso.
Este caso sigue evolucionando a medida que se descubren más detalles sobre las conexiones entre los involucrados y se confirman reuniones y transacciones financieras de importancia. La investigación busca esclarecer el alcance total de la red de corrupción y asegurar que se tomen medidas legales contra todos los implicados.
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