Presentan solicitud de moción de censura contra Francia Márquez: esperan que rinda cuentas de su cargo ministerial

Representantes a la Cámara de los partidos Centro Democrático, Cambio Radical y fracciones independientes han hecho llegar al Congreso el martes 28 de mayo cuatro solicitudes de moción de censura dirigidas hacia funcionarios del Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro. Una de estas solicitudes, que más llamó la atención, está dirigida hacia la vicepresidenta Francia Márquez, que actualmente ostenta el cargo de ministra de la Igualdad.

La petición se fundamenta en la baja ejecución presupuestal registrada en esta dependencia gubernamental, que hasta 2024 apenas alcanza el 0,54%.

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La moción de censura hacia la vicepresidenta Márquez es presentada en virtud del procedimiento constitucional que permite a los partidos políticos ejercer un mecanismo de control sobre la gestión gubernamental, al solicitar la rendición de cuentas y asumiendo la responsabilidad política correspondiente.

En palabras de los representantes, la baja ejecución presupuestal en el Ministerio de la Igualdad levantó preocupaciones significativas sobre la eficiencia en la gestión de los recursos destinados a programas y políticas relacionadas con la igualdad de género y la equidad social.

Por otro lado, una de las solicitudes de moción de censura también se dirige hacia el ministro de Defensa, Iván Velásquez, con el propósito de que brinde explicaciones sobre la delicada situación de orden público en el suroccidente del país, en especial en el departamento del Cauca. En esta región, se ha evidenciado un incremento en la actividad de grupos armados, lo que provocó preocupación tanto en las Fuerzas Armadas, como en la sociedad civil, que se vieron afectadas por la violencia y la inseguridad.

Además, la oposición busca remover del cargo al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que está involucrado en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Este megaescándalo implicó acusaciones de supuesta corrupción y tráfico de influencias por parte de altos funcionarios del Gobierno en la aprobación de reformas sociales en el Congreso. De esta manera, el jefe de cartera fue señalado por Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y por Sneyder Pinilla, exsubdirector del departamento, —principales implicados en el caso, por presuntamente haber intervenido en estas negociaciones— lo que desató un fuerte cuestionamiento sobre su idoneidad para permanecer en el cargo ministerial.

Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, también se enfrentará a su primer debate de moción de censura debido a su supuesto intento de “acabar con las reservas de petróleo y gas” del país, lo que podría provocar una crisis energética.

Es importante destacar que las citaciones a estos altos funcionarios se unen a la realizada por un grupo de congresistas independientes al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Esto ocurre en un momento de crisis en el modelo de salud de los maestros, el cual muchos consideran que tiene una “estructura improvisada”.

En medio de un clima político tenso, congresistas han impulsado una serie de citaciones a moción de censura contra varios ministros del Gobierno colombiano. Según los promotores de esta acción, el objetivo principal es obtener respuestas concretas sobre los presuntos incumplimientos y fallas en las responsabilidades de estos funcionarios en sus respectivas carteras, las cuales provocaron diversas crisis en el país.

El representante Óscar Villamizar, del partido Centro Democrático, fue uno de los principales voceros de esta iniciativa. En declaraciones a la prensa, el congresista enfatizó que la citación a moción de censura es una medida necesaria para el país, dada la preocupación por el desempeño cuestionable de los ministros en sus respectivos sectores.

Sin embargo, se sugiere que esta maniobra política también tendría como propósito retrasar el trámite de la controvertida reforma pensional, que se encuentra en su último debate en la Cámara de Representantes.

“No queremos que esta reforma pensional pase en la Cámara de Representantes y vamos a utilizar todos los medios que nos habilita la Ley Quinta”, afirmó el representante Villamizar, al dejar entrever las intenciones políticas detrás de esta acción.