
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, recientemente expresó su desacuerdo con las indicaciones del Gobierno nacional en relación con la gestión de migrantes en la capital santandereana.
El secretario de gobierno local manifestó su preocupación acerca de las directrices que impiden llevar migrantes a la frontera con Paraguachón y limitan las expulsiones a un máximo de seis personas, haciendo un llamado directo al Ejecutivo para comprender si existe algún conflicto con la ciudad.
Beltrán cuestionó la normativa vigente e indagó sobre la razón por la cual otras ciudades pueden realizar expulsiones masivas, mientras que en Bucaramanga se enfrentan a restricciones. A pesar de estas limitaciones, afirmó que las autoridades locales continuarán con su plan de expulsar a ciudadanos venezolanos que cometan delitos en la ciudad, ajustándose estrictamente a la normativa.
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“Nosotros lo que hemos hecho es que hemos cogido la iniciativa y cada semana estamos sacando cinco o seis migrantes como se nos permite la norma”, explicó Beltrán. Este procedimiento siguió adelante mientras no hubiera modificaciones en las directrices actuales, según lo difundido en respetados medios de comunicación.

En su cuenta de X, el funcionario denunció una supuesta “represión de extranjeros capturados” y consideró que esta situación se comporta como una barrera en su lucha contra la delincuencia. “Así es imposible poder generar un avance significativo cuando se atraviesa esta tramitología, que a los únicos que afectan son a los ciudadanos”, añadió.
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Bucaramanga, una ciudad ubicada en el noreste de Colombia, ha enfrentado desafíos con la afluencia de migrantes venezolanos, y las políticas de expulsión se han convertido en un punto de controversia entre la administración local y el Gobierno nacional. La postura adoptada por las autoridades locales refleja un intento de mantener el orden y la seguridad al tiempo que se ajustan a las regulaciones impuestas.
“No es un tema de xenofobia”
El llamado Bukele colombiano defiende su propuesta de expulsar a 120 delincuentes extranjeros bajo la premisa de que no se trata de xenofobia, sino de una lucha contra la delincuencia. Beltrán afirma que su comentario es exclusivamente contra los delincuentes, independientemente de su nacionalidad.
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Desde hace más de un mes, el alcalde ha intentado llevar a cabo la expulsión de estos delincuentes, quienes según las autoridades locales han reincidido en la comisión de delitos.
“A veces sentimos que la defensa de los derechos humanos de los delincuentes está por encima de los derechos humanos de los ciudadanos. Y yo, como alcalde de Bucaramanga, tengo que defender el bienestar de los bumangueses”, declaró Beltrán públicamente. Según él, se han agotado todas las instancias posibles para ejecutar estas expulsiones, pero siempre encuentran obstáculos legales.
Sus declaraciones han generado críticas en redes sociales, donde algunos usuarios lo acusan de xenófobo. No obstante, el funcionario insiste en que su postura no tiene que ver con la nacionalidad de los delincuentes.
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“Yo les tengo rabia a los delincuentes, en eso hay que ser claro. Tenemos una lucha frontal contra los delincuentes, no es un tema de xenofobia. Bucaramanga es de las ciudades que más presupuesto le está invirtiendo a apoyar a las familias inmigrantes”, añadió.
Desde el punto de vista de los defensores de derechos humanos, como Juan Carlos Mantilla, director del Departamento Socio-humanístico de la Unab, es fundamental respetar los derechos y libertades fundamentales sin estigmatizar a ninguna población.
Mantilla destacó en medios locales la importancia de tratar la delincuencia de forma integral, no solo enfocándose en los venezolanos. Según las estadísticas de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el 13% de los capturados por delitos como hurto, microtráfico de drogas y porte ilegal de armas, que suman un total de 742 individuos, son de nacionalidad extranjera.
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