El Consejo de Estado ha confirmado la responsabilidad y la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro, según un fallo emitido el 20 de mayo de 2024, como respuesta a una demanda que solicita la pérdida del cargo del presidente Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencia, Francia Márquez, durante su periodo constitucional.
La decisión reafirmó la autoridad del CNE para indagar sobre posibles irregularidades en los gastos de campaña y que, a partir de los hallazgos, se apliquen las sanciones administrativas en caso de exceder los límites financieros establecidos.
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La decisión del máximo tribunal corresponde a la solicitud que presentó a nombre propio el ciudadano José Ángel Espinosa Henao, y es una contestación a la demanda del abogado Héctor Carvajal, en representación del presidente Petro, quien había solicitado la nulidad de la investigación argumentando que el CNE carecía de competencia.
Sin embargo, el fallo del Consejo de Estado refutó la alegación y confirmó que la entidad tiene la autoridad no solo para investigar la campaña de Petro, sino también todas las campañas presidenciales.
“Ahora bien, en todos los casos, le corresponde al Consejo Nacional Electoral adelantar la investigación administrativa sobre la financiación de campañas, y con base en el acto correspondiente, decretar las sanciones exclusivamente administrativas a que haya lugar, sin que le sea posible de ninguna manera decretar la pérdida de investidura o del cargo”, manifestó el Consejo.
De esa misma manera expresó que “el CNE está facultado tanto para realizar investigaciones como para imponer sanciones si se detectan irregularidades”, en las que están incluidas, además de multas económicas, “medidas más drásticas, como la pérdida de la personería jurídica del partido involucrado y el cese de la financiación estatal”, lo que podría tener impactos significativos en el partido Pacto Histórico, el cual respaldó a Petro en su campaña electoral.
Esta determinación tiene implicaciones de gran alcance, ya que se asegura la supervisión y control sobre el financiamiento de las campañas presidenciales, en aras de mantener la integridad del proceso electoral. “La transparencia en el uso de los recursos de campaña es esencial para garantizar la equidad y legitimidad del proceso democrático”, puntualizó también el Consejo de Estado en su dictámen.
El proceso que sigue en la investigación
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha avanzado desde inicuios de mayo en su investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro y contra el mandatario y Ricardo Roa, gerente de la campaña del Pacto Histórico en 2022.
El 8 de mayo, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz presentaron una ponencia de imputación ante la Sala Plena del tribunal. Esta acción surgió de indicios que sugieren que la campaña presidencial podría haber excedido los topes de financiación permitidos. De confirmarse dichas irregularidades, las consecuencias podrían incluir la pérdida de investidura de Petro.
El abogado y experto en derecho constitucional Hernando Herrera Mercado explicó a Infobae Colombia que la investigación del CNE se enfoca en la campaña electoral, no en el presidente como individuo. “La indagación es a la campaña presidencial de quien obtuvo la mayoría de votos para llegar a la Casa de Nariño”, indicó. El CNE es responsable de determinar la responsabilidad administrativa de la campaña y, según la ley, de su representante, es decir, del candidato y quienes coordinaban la campaña.
Asimismo, Herrera señaló que el artículo 109 de la Constitución impone sanciones penales por exceder los topes electorales. De determinarse responsabilidades, el proceso pasaría al Congreso, que podría iniciar un juicio de pérdida de investidura. Si existen investigaciones penales, estas serían competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Herrera precisó que aún faltan muchos pasos para determinar una responsabilidad definitiva. “Estamos en la fase administrativa del CNE, que puede decidir si hay lugar a la formulación de cargos y posibles sanciones, como la pérdida de personería jurídica del movimiento político y del candidato”. Si la investigación avanza al Congreso, la velocidad del proceso dependerá del compromiso de los congresistas y podría extenderse más allá de un año.
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