
En los últimos tres años, el 91 % de los pasaportes colombianos ilegales han sido utilizados por ciudadanos de la República Dominicana, de acuerdo con un informe publicado por El Espectador.
Este fenómeno llevó a que más de 600 dominicanos obtengan identidades colombianas fraudulentas, convirtiéndose en un problema significativo para las autoridades.
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Una circular azul de Interpol identificó a Pedro Antonio Pereira de Jesús, alias Alexis, como uno de los líderes de una red denominada “Europe Express”, la cual se dedica al tráfico de identidades colombianas. Según se informó, esta organización vendía documentos falsificados a migrantes, principalmente de República Dominicana y Venezuela. Alexis es actualmente buscado por cargos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir.
Dentro de esta red también se destaca la figura de Diana Janne Gamarra, una mujer colombiana que, junto a tres familiares, coordinaba alrededor de 30 personas, incluidos funcionarios de la Registraduría y la Cancillería colombianas. Las autoridades interceptaron más de 20 líneas telefónicas, desvelando detalles sobre la obtención ilícita de documentos para dominicanos y sobre transferencias internacionales de dinero.
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El atractivo de los pasaportes colombianos radica en las menores restricciones para entrar a ciertos países. Migración Colombia señala que los ciudadanos con pasaportes colombianos pueden ingresar sin visa a 135 países, mientras que los dominicanos solo pueden hacerlo a 74. El índice global de pasaportes de Henley and Partners posiciona al pasaporte colombiano en el puesto 38, en comparación con el lugar 69 del pasaporte dominicano. Desde 2014, los colombianos no necesitan visa Schengen para entrar a la Unión Europea, aumentando así el interés por estos documentos.

Uno de los casos más notorios es el de Francelys María Furcal, capturada en España con un pasaporte colombiano falso. Acusada de homicidio en Santo Domingo, Furcal presuntamente pagó aproximadamente 1.000 dólares por el documento.
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En 2023, Migración Colombia identificó 283 documentos falsificados, de los cuales 271 correspondían a dominicanos. También se han confiscado pasaportes fraudulentos de nacionalidades como Ecuador, Cuba, Líbano, Palestina, Perú, China, Albania y Haití. Aun así, los dominicanos representan el mayor porcentaje, con un 91 % en los últimos tres años, seguidos de los venezolanos.
Frente a esta situación, las autoridades de Colombia y República Dominicana están colaborando para verificar la identidad de los viajeros. Aunque los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países aún no se han pronunciado, esta situación podría tener consecuencias en los requisitos de entrada para los colombianos en otros territorios.
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Funcionarios de Cancillería y Registraduría implicados en red de tráfico de migrantes

Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Registraduría Nacional del Estado Civil han sido capturados por su participación en una banda dedicada al tráfico de migrantes. La red criminal, con base en Barranquilla, estaba liderada por una ciudadana colombiana y un ciudadano dominicano.
En una operación que resultó en 31 detenciones, las autoridades descubrieron que la organización se especializaba en la expedición ilegal de documentos, incluyendo pasaportes, registros civiles de nacimiento y cédulas de ciudadanía, con el fin de hacer pasar a venezolanos y dominicanos como ciudadanos colombianos.
El coronel Edwin Masleider Urrego, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), declaró que la investigación inició en 2021 con el apoyo de agencias internacionales. Se anularon 344 cédulas falsas emitidas por la red, utilizadas para traficar migrantes en rutas hacia Europa y Estados Unidos.
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El informe de la Policía destaca que la banda contaba con dos cabecillas principales: un dominicano buscado en 196 países y una colombiana activa desde 2021. Esta estructura tenía colaboradores en varias regiones, incluyendo Bogotá, Atlántico, Córdoba, Amazonas, Caquetá, Cesar, Sucre y La Guajira.
Gabriel Sandoval, delegado de la Fiscalía para la Criminalidad Organizada, indicó que los extranjeros pagaban entre 2.000 y 4.500 dólares por los documentos falsos. Añadió que se les imputarán cargos por tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito.

El registrador Hernán Penagos puntualizó que la entidad ha cancelado 840 cédulas fraudulentas y analiza 180 registros civiles sospechosos. La policía detalló que los empleados involucrados en el esquema incluían tanto personal activo como extrabajadores de la Cancillería y la Registraduría.
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Las capturas se efectuaron en diversas regiones del país, destacando la colaboración entre diversas entidades para desarticular la red. Las audiencias de control de garantías están en proceso, y la Policía y Fiscalía mantienen en reserva los nombres de los implicados mientras avanzan las investigaciones.
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