Otro escándalo para Claudia López: Fiscalía acusa a un funcionario de su alcaldía por furgones convertidos en ambulancias

La Fiscalía General de la Nación ha llamado a audiencia de imputación de cargos a José Andrés Álvarez, exdirector del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) de la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Claudia López. La decisión está relacionada con la contratación irregular del servicio de ambulancias, un contrato valorado en más de 36.000 millones de pesos.

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El escándalo, que involucra furgones adaptados como ambulancias que no cumplen con las especificaciones técnicas necesarias, ha desencadenado investigaciones exhaustivas. Según Semana, la auditoría de la Contraloría de Bogotá ha subrayado numerosas fallas técnicas en las ambulancias que representan un riesgo grave para los pacientes. Estas deficiencias incluyen incompatibilidades con el equipo de reanimación de urgencias, lo que pone en peligro la vida de los bogotanos que necesitan atención médica de emergencia.

José Andrés Álvarez es señalado de haber aprobado las especificaciones técnicas y fichas de estas ambulancias, aunque la Fiscalía ha recopilado pruebas que demuestran que las unidades presentan múltiples fallas mecánicas. Entre las deficiencias documentadas, se incluyen problemas en los sistemas de identificación vehicular, como discrepancias entre las placas y los números de serie y motor.

“Lo que llevó a recibir unas ambulancias que no corresponden con las características técnicas del objeto contratado, que muestran inconsistencias en sus sistemas de identificación y que no presentan un buen funcionamiento acorde con la necesidad que se pretendía satisfacer, generando una gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz, ocasionando un detrimento al patrimonio público,” se lee en los informes de investigación a los que tuvo acceso Semana.

La audiencia de imputación de cargos está programada para el 28 de mayo en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao. Se espera que Álvarez responda por el delito de peculado debido a la gestión antieconómica y las omisiones detectadas. Según la Fiscalía 212 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá, se han recopilado no solo los documentos y la trazabilidad del proceso de contratación, sino también testimonios que revelan omisiones graves.

La contratación se realizó mediante un proceso de selección abreviada y fue firmada con el Fondo Financiero Distrital de Salud. Pese a las claras irregularidades, las ambulancias fueron recibidas a satisfacción. Entre las pruebas presentadas se encuentran registros fotográficos que muestran las irregularidades y errores de identificación vehicular que demuestran la mala gestión en la supervisión del contrato.

La Contraloría ha advertido sobre las deficiencias en la supervisión de este proceso, indicando que “no se garantizó el principio de interés general, la adecuada inversión, ni el beneficio social esperado, generando un daño al patrimonio”. Estos hechos han sido documentados y presentados ante las autoridades competentes como parte del caso en curso.

El impacto de estas decisiones administrativas se ha discutido intensamente en el Concejo de Bogotá. Diferentes sectores han denunciado los riesgos que estas ambulancias defectuosas representan para los ciudadanos, lo que ha llevado a un seguimiento riguroso del rastro del peculado por parte de las autoridades.

Los testimonios clave

Un testimonio recogido por la Fiscalía especifica que estos vehículos, adaptados y reparados de manera inadecuada, presentan fallos críticos que ponen en riesgo la vida de los pacientes. “El vehículo en tránsito con todas las luces prendidas, en traslado con paciente, al conectarle todos los aditamentos, se apagaba de un momento a otro. En ocasiones, cuando el paciente se encontraba muy grave, al apagarse el vehículo, se empeoraba su situación”, señaló un testigo.

El problema no se limita solo a las condiciones mecánicas. Otro testimonio revela que las modificaciones realizadas a las ambulancias no fueron aprobadas por el fabricante. “La instalación debería tener un plano aprobado por un ingeniero, pero aún más por el fabricante de los vehículos, con el fin de que su funcionamiento fuera el adecuado”, advirtió un técnico del área de salud. Estas fallas evidencian un patrón de remiendos y adaptaciones no autorizadas que comprometen la integridad de los vehículos.

Un conductor ha desmentido las declaraciones oficiales del director del Crue, Andrés Álvarez, quien asegura que las ambulancias cumplen con las normas para prestar servicios de atención prehospitalaria (APH). “Es falso lo que dice el señor Álvarez, que los carros están ajustados a la norma para ser usados en la labor de ambulancias,” afirmó un conductor, añadiendo que en las colinas y vías de Bogotá los vehículos no funcionan adecuadamente debido a la suspensión inapropiada para trasladar a personas en condiciones de salud vulnerables.

Las acusaciones no solo implican desajustes técnicos, sino también un presunto mal manejo y negligencia por parte de las autoridades anteriores. “Tienen adicionadas partes que no fueron acordadas con el fabricante, por lo cual los vehículos han estado presentando fallas continuas, ocasionando pérdidas de muchas vidas”, dijo un testigo.

En cuanto a las fallas operativas, varios técnicos citaron problemas continuos con los catalizadores de las ambulancias, lo cual forzaba a realizar reparaciones improvisadas. “La falla más evidente era que los catalizadores se taponaban; como solución, los técnicos mecánicos de la subred le colocaban un tornillo que generaba una fuga de gas,” declaró uno de los testigos. Esta situación ponía en peligro no solo a los pacientes, sino también a los conductores y operadores.

La gravedad de estas fallas ha sido confirmada por múltiples testimonios recopilados por la Fiscalía. Además, se ha reportado que las ambulancias presentaban situaciones peligrosas, incluyendo la apertura espontánea de puertas durante el traslado de pacientes.

En la investigación se ha destacado la responsabilidad del exdirector del Crue durante el mandato de Claudia López, quien debe rendir cuentas por las supuestas negligencias en la adquisición y aceptación de estos vehículos. La Fiscalía ya ha anunciado que está preparando imputaciones adicionales contra exfuncionarios de la Alcaldía y otros particulares involucrados en el caso, demostrando que estaban al tanto de las fallas.