Augusto Rodríguez Ballesteros, jefe de la Unidad Nacional de Protección (UNP), afirmó en una entrevista con Noticias Caracol que Élmer Fernández, director de La Modelo, no solicitó medidas de protección a pesar de haber recibido amenazas de un interno identificado como Pedro Pluma. Esta declaración se produjo tras el crimen del que fue víctima.
De acuerdo con Rodríguez, que corroboró sus palabras con una conversación mantenida con el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, Fernández recibió “un pasquín que pusieron a la entrada de la cárcel donde hablan que le van a matar la familia, lo van a matar a él si traslada a un delincuente”. Sin embargo, Fernández no consideró que la amenaza representara un riesgo significativo, por lo que no se adelantó ningún trámite ante la UNP.
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En la misma entrevista, Rodríguez enfatizó que si Fernández hubiera solicitado protección, la UNP habría actuado en consecuencia. Sin embargo, el error fue confiar la denuncia al Inpec, lo cual pudo haber retardado el procedimiento. Como dato adicional, Rodríguez indicó que actualmente hay 39 funcionarios del Inpec con medidas de protección, lo que demuestra que el sistema de seguridad está activo para quienes lo solicitan en tiempo y forma.
Mafias dentro de la UNP
Por otra parte, Augusto Rodríguez Ballesteros también reveló la existencia de “mafias” dentro del organismo durante la charla con el medio citado anteriormente. Al parecer, estas redes corruptas elevan artificialmente los riesgos de ciertas personas a cambio de dinero, otorgándoles esquemas de protección robustos y reduciendo las matrices de riesgo de individuos realmente amenazados. “Hay mafias dentro de la entidad, así la encontramos, las hemos ido extirpando, pero nos quedan muchos focos”, afirmó.
Rodríguez fue cuestionado sobre las personas con grandes esquemas de protección sin el nivel de riesgo necesario. Señaló que varios funcionarios corruptos han sido denunciados ante las autoridades competentes, y que estos han manipulado las evaluaciones de riesgo. Asimismo, el jefe de la UNP detalló que estas acciones corruptas implican que individuos que no necesitan protección reciban recursos significativos, mientras que aquellos que enfrentan riesgos graves ven reducidas sus medidas de seguridad.
“Por ejemplo, en el área de evaluación de riesgo, algunos funcionarios corruptos que están denunciados en la Fiscalía y que tienen redes allí, hacen que las matrices de riesgo de ciertas personas que pagan dinero se eleven para que se les entregue esquemas robustos, y también hacen que las matrices de riesgo de otras personas que están amenazadas gravemente se bajen, con el fin de que la entidad tenga que quitarles los esquemas y de esa manera poderlas asignarlas”, explicó el director.
Además, Rodríguez resaltó que, aunque han detectado a estas personas que injustamente gozan de esquemas de protección, no ha sido posible retirárselos. El jefe de la Unidad Nacional de Protección agregó que la entidad tiene imperfecciones debido a estas prácticas corruptas internas. “Eso se está dando, entonces hay imperfecciones, por ejemplo, si nosotros no tuviésemos protegidas un poco de gente que no ha sido posible retírales los esquemas y que hemos detectado que no los necesitan, pero lo están disfrutando”, concluyó. El esfuerzo por erradicar estas redes continúa, pero persisten retos considerables en la depuración y mejora del sistema de protección.
Bajo la misma línea, es preciso destacar como dato adicional que Daniel Briceño, concejal de Bogotá había señalado varias irregularidades del Gobierno a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), denunciando el alto costo de los esquemas de seguridad de los concejales de Bogotá, al indicar que cada esquema le cuesta a la ciudadanía $13.000.000 mensuales, sumando un total de $24.000.000 a lo largo de los cuatro años de mandato. El funcionario detalló que cada esquema de seguridad está compuesto por una camioneta blindada y dos policías. La normativa que permite estos esquemas de protección para los concejales de Bogotá se encuentra en el Decreto 1066 de 2015 del Ministerio del Interior, aunque no son considerados altos funcionarios del Estado.
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