El presidente Petro se pronunció sobre la investigación del CNE: “Estamos ante una falsedad”

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia está realizando una investigación sobre las aparentes anomalías en la financiación de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la República. De acuerdo con el CNE se ha logrado establecer que no se declararon más de 5.355 millones de pesos, destacando una suma superior a los 2.213 millones de pesos no reportados en concepto de transporte aéreo.

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Entre tanto el presidente Gustavo Petro ha emitido una reciente publicación en sus redes sociales, una respuesta a las acusaciones y a la investigación en curso sobre la financiación de su campaña presidencial liderada por el CNE. En este mensaje, el mandatario desmiente las afirmaciones de haber omitido reportar horas de avión dentro de los gastos de campaña y asegura que todas las operaciones se registraron adecuadamente en tiempo y forma según lo dicta la legislación electoral.

Petro refutó el informe de ponencia presentado por el CNE, calificándolo de falso y negando cualquier asociación con el caso Daily, un escándalo previo sin conexión con su campaña, según sus palabras. Además, defiende las donaciones recibidas por parte de los sindicatos, argumentando que son prácticas comunes y legales similares a las donaciones que reciben los partidos de derecha de grandes empresas. Según el presidente Petro, estas contribuciones no constituyen gastos de campaña per se y, por lo tanto, están perfectamente alineadas con la ley.

“Aquí se quiere avalar un informe de ponencia falso. No hay ninguna hora de avión no reportada. Todo aparece en los gastos de campaña reportados en el momento en que se gasto. La novela del Daily no tiene que ver con nosotros. Las donaciones de sindicatos a partidos de izquierda son como las de las grandes empresas a los partidos de derecha, solo que más decentes; las donaciones a partidos no son gastos de campaña y están dentro de la ley”.

El jefe de Estado sugirió que la única manera en que los ponentes del CNE podrían argumentar un exceso en el límite de gastos de campaña sería incluyendo gastos realizados fuera del período oficial de campaña establecido por ley, una maniobra que califica de deshonesta.

Finalmente, Petro concluye denunciando esta situación como un intento de desacreditarlo y derribar su presidencia, mencionando el término lawfare para describir esta estrategia. El lawfare, un neologismo que combina las palabras ley (law) y guerra (warfare), refiriéndose al uso de procedimientos legales con el fin de perseguir a oponentes políticos. Petro criticó este enfoque al calificarlo de “barato” y señalando que carece de fundamento en el poder judicial.

“La única forma para mentirosamente mostrar que sobrepasamos el techo que hacen los ponentes del CNE es metiendo gastos de fechas diferentes a los que la ley determina para inicio y final de la campaña. Estamos ante una falsedad buscando derribar al presidente. Se le llama ‘lawfare’ barato porque no emana del poder judicial”.

El CNE enfrenta críticas del presidente Gustavo Petro tras presentar una denuncia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada sobre irregularidades financieras en su campaña presidencial. Petro ha comparado el acto con un intento de despojarlo de su cargo, similar a situaciones en otros países latinoamericanos.

La denuncia del CNE, fundamentada en un documento de 315 páginas, señala que la campaña excedió los límites de financiamiento electoral, con especial énfasis en una donación de 500 millones de pesos de Fecode y pagos no reportados a testigos electorales. Además, se investiga la coordinación nacional de la campaña por Xavier Vendrell, un asesor vinculado a actos de terrorismo en Europa, y discrepancias en el uso de fondos para capacitación y el alquiler de un avión.

Frente a estas acusaciones, Petro defiende la legitimidad de su campaña, acusando a los magistrados de conspirar contra su presidencia y llama a la defensa del voto popular y la democracia. La controversia subraya una tensión creciente entre el gobierno y órganos electorales, planteando preocupaciones sobre la estabilidad democrática en Colombia.