En el Coliseo El Pueblo, situado al sur de Cali, el presidente Gustavo Petro lidera el cierre de la jornada nacional ‘Gobierno con los Barrios Populares’, que se realizó durante cinco días en sectores vulnerables de siete ciudades capitales.
Durante la clausura, el viernes 10 de mayo, el jefe de Estado volvió a pronunciarse sobre una posible maniobra dilatoria en el Congreso, donde sus tan controvertidas reformas sociales no han avanzado significativamente.
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Ante este panorama, Petro sugirió que las reformas pueden ser aprobadas por decreto: “Las reformas sociales que se estancan como proyectos de ley en el Congreso de la República, en contravía de lo que gritó el pueblo de Colombia el pasado 1 de mayo, las tenemos que realizar en lo que podamos al máximo en la práctica misma. Porque la Constitución, de todas maneras, ordena el cumplimiento de los derechos, garantiza a nivel constitucional que Colombia sea un Estado Social de derecho (...) los decretos del Gobierno deben buscarlo”, dijo.
El presidente aseguró que su Gobierno no va en contra de la Constitución, como algunos políticos y funcionarios han dicho: “Al contrario, queremos aplicar de manera inmediata la Constitución de Colombia. Así que, si la mayoría del Congreso no quiere, la Constitución sí quiere y el Gobierno sí quiere y el pueblo de Colombia sí quiere. El proceso de Cambio es imparable, la decisión del pueblo de Colombia de cambiar la historia del país es imparable”.
Recalcó: “Vamos a proceder (...) tumban decretos por aquí, tumban decretos por allá, pero el proceso del cambio es imparable”.
“Es un abuso de poder”: Petro sobre injerencia de la Procuraduría en la elección del nuevo rector de la UNAL
Durante su intervención, Gustavo Petro también se refirió a la polémica por la elección de José Ismael Peña Reyes como nuevo rector de la Universidad Nacional. Al respecto, dijo que la Procuraduría está excediendo su poder al asumir funciones judiciales y decidir si es legal o ilegal.
“La Constitución tampoco dice que la Procuraduría es la estancia de legalidad para decidir si un acto en una universidad pública es legal o ilegal, ese es un tema de lo contencioso administrativo, del Consejo de Estado o de los tribunales administrativos”, señaló el mandatario.
Agregó: “La procuradora está asumiendo una función que es de la justicia. Eso se llama un abuso de poder”.
Y es que, ante la controversia suscitada por dicha elección, la Procuraduría requirió información al Consejo Superior Universitario, para establecer si el procedimiento empleado fue legal.
Después de revisar y analizar los reportes y trazabilidad de los informes, el Ministerio Público estableció que, efectivamente, la designación de Peña Reyes fue ajustado a las normas que rigen el CSU y a la autonomía universitaria.
La acción del ente de control se dio luego de varias quejas allegadas al ente de control, entre ellas una remitida por la propia ministra de educación Aurora Vergara Figueroa, sobre posibles fallas en la forma de votación que presuntamente iría en contravía del estatuto que rige al Consejo Superior Universitario.
“(...) en la sesión extraordinaria del 21 de marzo de 2024, cuando fue elegido el nuevo rector, los 8 miembros del Consejo Universitario, en el que tiene asiento la ministra, estuvieron de acuerdo con el sistema de votación empleado y que llevó a Peña Reyes, con 5 votos a favor y 3 en blanco, a alzarse como director de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2024-2027″, explicó la Procuraduría.
Por su parte, el Ministerio de Educación señaló que respeta la decisión de la Procuraduría; sin embargo, señaló: “reiteramos que, en criterio de este Ministerio, el proceso de designación de rector de la Universidad Nacional de Colombia desconoció la normatividad interna. Sumado a esto, las actuaciones del profesor Peña Reyes sustentadas en el acto de protocolización de posesión carecen de validez”.
Por tal razón, la cartera anunció que procederá a interponer las respectivas acciones judiciales contra el proceso de designación de rector, “en aras de restablecer el orden, bajo los principios de legalidad y transparencia que se han visto afectados por las decisiones del órgano de Gobierno”.
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