La reciente ocupación de la Hacienda Santa Helena, que comenzó desde el domingo de ramos, 24 de marzo, en el municipio de Caucasia, en Antioquia, ha resultado en una de las invasiones de tierra más significativas en el país. Un estimado de 5.000 familias han convertido este lote de 378 hectáreas —equivalente a 530 canchas de fútbol del tamaño del Santiago Bernabéu o casi ocho veces la Ciudad del Vaticano— en su nuevo hogar, a pesar de las complicadas implicaciones legales y políticas.
La tierra, que fue prometida como solución de vivienda definitiva por políticos de diversos partidos durante las últimas dos décadas, ha permanecido inutilizada y es reclamada por estos nuevos ocupantes como su propia solución ante la crisis de vivienda.
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Incluso el presidente Gustavo Petro tuvo que intervenir en el asunto, instruyendo a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y al alcalde de Caucasia para que negocien con los dueños de tierras y los latifundistas, con el fin de encontrar un arreglo habitacional para las familias involucradas. “Alcalde, usted aquí como primera autoridad, le solicito: háblese con los señores dueños de tierras, haciendas, latifundistas...” manifestó Petro, subrayando el deseo del Gobierno de comprar dichas tierras a un precio justo y utilizarlas para resolver la crisis habitacional.
Y es que la propiedad en disputa anteriormente pertenecía a Juan Gabriel Úsuga Noreña, un exnarcotraficante extraditado a Estados Unidos en 2001. Aunque en 2004 la Fiscalía embargó la propiedad con fines de extinción de dominio, un fallo de primera instancia favoreció a Úsuga, aunque sigue sujetó a revisión.
Por su parte, las familias invasoras han afirmado que su arribo a la tierra privada se ha dado por pura necesidad, pues sus ingresos son suficientes para cancelar un arriendo en el municipio, pues la mayoría de los habitantes se desempeñan como vendedores informales, trabajadores de la construcción y mototaxistas, muchos de los cuales se niegan a volver a sistemas de arrendamiento injustos.
Este incidente no solo presenta un desafío para el actual Gobierno de Petro, sino que también revive el debate sobre la reforma agraria en Colombia, una promesa reiterada por varios gobiernos pero con resultados limitados. La ONG Forjando Futuros señala que, aunque el gobierno actual ha mostrado interés en redistribuir tierras improductivas a campesinos y víctimas del conflicto, el progreso ha sido menor al esperado.
Pero en el caso de la Hacienda Santa Helena, ubicada en Caucasia, Antioquia, la pela no ha sido nada fácil para la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Desde 1998, esta propiedad ha estado vinculada al exnarcotraficante, según documentos oficiales. De hecho, Úsuga adquirió la finca por $1.225 millones y la inscribió a nombre de la sociedad “Finca Santa Helena S.A.” en 2003, antes de que la Fiscalía le embargase la propiedad en 2004 con fines de extinción de dominio.
La administración actual de la hacienda recae en Army Judith Escandón, designada por la sociedad, lo que ha permitido a Úsuga, a través de su representante, interponer querellas para el desalojo de los más de 5.000 ocupantes ilegales del predio. No obstante, tales acciones han sido desautorizadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que ha apelado al diálogo con las familias ocupantes, en un esfuerzo por evitar el uso de la fuerza para resolver la ocupación.
La controversia legal no termina con las cuestiones de propiedad. Carlos Ramón Zapata, alias “Anestesia”, cuñado y antiguo socio de Úsuga, se encuentra nuevamente enfrentándose a la justicia. Este exparamilitar y narcotraficante estuvo vinculado en un caso de corrupción junto con la exfiscal de extinción de dominio, Ana Catalina Noguera. En octubre, Noguera aceptó los cargos de violación ilícita de comunicaciones, violación a datos personales y fraude procesal.
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