El colegio de Santander que está a punto de convertirse en elefante blanco: lleva cuatro años de atraso

Sin plata y sin colegio. Asi están los estudiantes del colegio La Laguna, en el municipio de Los Santos, en Santander, después de que la edificación planeada para ser entregada hace 4 años, esté en ruinas y sin un futuro cierto para los alumnos.

Y es que el plantel educativo, destinado a brindar educación hasta el noveno grado, se ha convertido en un símbolo de las dificultades enfrentadas por las comunidades rurales en busca de acceso a una educación de calidad, además de los posibles efectos de la corrupción en las zonas apartadas del país.

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El proyecto comenzó con dificultades desde su fase inicial de planificación y licitación. Después de que el mandatario de turno anunciara en 2018 sobre la ampliación del único colegio del municipio con educación básica y media. Fue así como ese mismo año puso en marcha un proceso de licitación para la construcción del plantel.

Sin embargo, los problemas comenzaron cuando se tuvo que revocar el proceso ante la falta de un abogado para el control jurídico de la licitación. Según la Resolución 018 de 2019, firmada por Enrique Zambrano, secretario de Planeación del momento, “la falta de un abogado de planta que pueda realizar el acompañamiento jurídico a los procesos contractuales” fue un obstáculo que retrasó el proceso.

Pero eso no fue excusa para que en 2019 se reabriera el trámite, con un afán sin igual para adjudicar un contrato por más de 3.600 millones de pesos, por lo que solo dieron un plazo de 30 días para aplicar a la convocatoria. El tiempo fue tan corto, que el último día del plazo se presentó solo un oferente, que terminó por quedarse con el contrato y el dinero.

La firma del contrato en 2019 fue bajo la gestión del entonces alcalde Jaime Arenas Rueda, quien ha estado en el centro de varios escándalos de corrupción. Fue así que el Consorcio Los Santos, integrado por Serrano Gómez Construcciones Ltda. y Construsego SAS, iniciaron con las construcciones, y de paso, con las numerosas irregularidades que han afectado su progreso. De hecho, la obra que estaba presupuestada para ser entregada en abril de 2020, tuvo su primer tropiezo un mes antes de la fecha propuesta con la suspensión de la ejecución del contrato debido a la pandemia de covid-19, sin especificar el avance físico y financiero del proyecto.

Eso sí, para diciembre de 2019, de forma extraña se firmó una adición al contrato por un valor de $388 millones, alegando “aspectos fundamentales que permiten concluir la conveniencia del adicional”, sin que se entregaran especificaciones sobre el aumento del valor de la obra en el Sistema Electrónico de Contratación Pública.

Tras reactivarse la economía en el país por la pandemia, en noviembre de 2020, los contratistas fueron quienes esta vez pidieron que se suspendieran las obras, alegando que debían hacerse unas correcciones para continuar con su correcta ejecución. “Hasta que no se hicieran unos ajustes al proyecto que había sido financiado con recursos del Sistema General de Regalías”, señala el acta de suspensión.

Los ajustes tomaron al menos 12 meses, por lo que solo hasta noviembre de 2021 se pudo aprobar el reinicio del trabajo de los contratistas, no sin antes otorgar un plazo más largo para entregar el colegio La Laguna. En total fueron ocho suspensiones del proyecto hasta julio de 2023, cuando nuevamente la administración local le entregó otra jugosa adición por 1.322 millones para culminar el plantel.

Lo más alarmante es la inclusión del Consorcio Los Santos, dirigido por los megacontratistas Germán Alberto Serrano Gómez y Jaime Omar Gómez Manrique, quienes han estado implicados en diversos escándalos contractuales anteriormente. Y es que, a pesar de la inversión adicional y el tiempo concedido, el progreso ha sido desalentadoramente lento.

Con informes que indican un avance físico del proyecto de solo el 70% para julio de 2022, la comunidad de Los Santos sigue esperando ver el fruto de esta iniciativa educativa. Por su parte, la interventoría instó a la administración municipal a imponer sanciones pecuniarias al consorcio, lo que culminó con la aplicación de una multa cercana a los 250 millones de pesos y la declaración del siniestro de la obra.