
Por órdenes de una jueza de la República, en 48 horas la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres deberá reintegrar en el cargo de secretaria general a Ana María Castaño, luego de que fuera declarada insubsistente por el director de la entidad, Carlos Carrillo, y tuvo que apartarse de su cargo el pasado 1 de abril.
El pedido de renuncia a Castaño por parte de Carrillo, nuevo director de la unidad, generó una gran controversia y una discusión sobre la ética laboral, y se complicó más luego de conocerse que estaba embarazada.
La mujer que es muy cercana al exdirector de la entidad Olmedo López, el cual está siendo investigado por el escándalo en la compra de carrotanques, hizo el reclamo por su derecho al trabajo y en una tutela dejó la constancia sobre los presuntos actos de vulneración a los que tuvo que enfrentarse cuando Carlos Carrillo asumió su puesto como director de la entidad.
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De acuerdo con lo que argumentó Castaño en la tutela ella no podía ser apartada de su carga porque para ese momento se encontraba en estado de embarazo y esto indica que estaba protegida por el derecho a la estabilidad laboral reforzada por maternidad y tampoco le podían quitar el pago de su seguridad social y de salud.
Sin embargo, Carlos Carillo, luego de varias semanas de haber llegado a la dirección, confirmó la salida de la mujer con la resolución 0300 del 1 de abril en un documento en el que solicitó la “renuncia protocolaria a todos los cargos directivos de libre nombramiento y remoción de la entidad, incluyendo la Secretaría General, en aras de garantizar la moralidad administrativa”.
“Es una mujer embarazada, por supuesto ante la ley un sujeto especial protección [...] el libre nombramiento y remoción que tiene una razón de ser y es evitar que una persona que ostenta un enorme poder dentro de la entidad sabotee o impida que una nueva dirección funcione y otra que es la estabilidad laboral reforzada para una embarazada. Una embarazada sí puede tener estabilidad laboral reforzada, pero también se puede ir a la cárcel”, señaló Carrillo.
Pero, adicionalmente, explicó que Castaño “tenía paralizada la entidad debido a sus funciones, todo lo administrativo pasaba por ella. Por ejemplo, tenía el quórum de los comités de consolidación”.

Pero la jueza aseguró que analizó la tutela interpuesta por la mujer en el juzgado 31 de Bogotá e hizo el respectivo amparo de sus derechos y en consecuencia a ello ordenó el reintegro de manera inmediata. Y no solo eso, sino que en el fallo también se ordena el pago de la seguridad social, la cual había dejado de pagarse desde el pasado 1 de abril.
Cabe mencionar que Ana María Castaño fue nombrada como secretaria general el 19 de mayo de 2023 por Olmedo López y desde que llegó en su reemplazo Carlos Carillo, aseguró que Castaño, por su cercanía al exdirector, quería sabotear el funcionamiento de la Unidad, por lo que insistentemente pidió su renuncia.
Sin embargo, Ana María ha dejado en firma su posición de que, a pesar de ocupar un cargo importante dentro de la Ungrd, no estuvo involucrada en la controversial compra de camiones para La Guajira en la cual sí estuvo el exdirector.
Así que a raíz de toda esa situación se dio la acusación para Carrillo de acoso laboral por tratar de sacarla de un cargo que es de libre nombramiento y remoción y además, en su momento, al parecer la mujer también había argumentado que debido a su embarazo de “alto riesgo” no iba a abandonar el cargo.
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