En junio del año pasado, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley para evitar que los ciudadanos que son víctimas de fraude digital terminen reportados en centrales de riesgo cuando los suplantan en trámites digitales, como los bancarios.
Luego de haber pasado por todo el trámite en el legislativo, a la ley solo le queda la revisión de la Corte Constitucional. Justamente, a ese alto tribunal llegó una petición de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia ―Asobancaria― pidiendo declarar como inexequible el articulado. Así lo denunció su principal promotor en el Congreso, el representante de la Alianza Verde Duvalier Sánchez.
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“Asobancaria se le quiere atravesar a una de las leyes que ha aprobado el Congreso de la República, una ley útil para miles de colombianos que son víctimas de suplantación de identidad y de falsedad personal. A través de esta suplantación, de estos crímenes digitales, les generan deudas que los ciudadanos no se dan por enterados solo hasta que son notificados por una entidad financiera o una compañía de telecomunicaciones”, expresó el congresista en un video compartido en redes sociales.
Luego explicó que “esta ley protege a esas víctimas y le dice que vaya y ponga la denuncia y hasta que no se esclarezca el proceso judicial, las entidades financieras no pueden cobrarles unas deudas de los cuales los ciudadanos son víctimas”.
Para el gremio bancario “existen algunos elementos que hacen que la medida resulte desproporcionada en relación con los derechos de las entidades financieras y los establecimientos de comercio”.
Una de las razones que expone Asobancaria es que los tiempos judiciales son extensos, lo cual colocaría a las entidades financieras en “situación de incertidumbre” respecto de la certeza de cuándo podrán recibir sus acreencias, ya que deberán suspender los procesos de cobro a ciudadanos que hayan sido víctimas de fraude digital.
“Ellos creen que lo justo es que los ciudadanos que son víctimas de delincuentes digitales tengan que ser revictimizados por parte de las entidades financieras cobrándoles unas deudas de servicios que nunca decidieron tomar conscientemente”, expresó el representante de la Alianza Verde.
La normativa establece que, inicialmente, la persona perjudicada por el robo de identidad debe acudir al banco, compañía telefónica o institución financiera donde ocurrió el delito para notificar el incidente, dando inicio al proceso orientado a restablecer su reputación financiera.
Tras presentar la denuncia pertinente ante la Fiscalía General de la Nación, la cual debe ser formalizada dentro de los primeros 20 días hábiles después del suceso, la entidad donde se tiene la obligación financiera está obligada a realizar una investigación y, si se verifica que no fue culpable del hecho, debe proceder de manera inmediata a eliminar cualquier multa, cargo extra y registro negativo en las centrales de riesgo.
Si no se presenta la denuncia dentro del plazo especificado, la institución financiera tendrá la facultad de “reanudar el cobro, incluyendo los intereses de mora de la deuda”, conforme lo indica el texto legal.
Es importante destacar que, en el evento de que la Fiscalía no logre identificar al autor del delito, esta autoridad deberá “pronunciarse sobre si hay pruebas para afirmar que existió o no suplantación. En caso de que las pruebas demuestren la existencia de suplantación, esto será prueba suficiente para que la víctima sea exonerada de los pagos y de reportes en centrales de riesgo”, expresó el congresista, quien también hizo énfasis en su compromiso continuo de apoyar a los ciudadanos colombianos.
“Esta es nuestra batalla para que se haga justicia en este país, para que los bancos asuman su responsabilidad, para que tomen medidas y prevengan este tipo de delitos. Ellos tienen el recurso financiero, el recurso humano, los programadores, para mejorar las herramientas de autenticación y verificación y así combatir este tipo de delito. La salida no puede ser que las cosas sigan como están, cometiendo una inmensa injusticia con más de 40.000 colombianos al año que son víctimas de fraude digital y que le generan deudas por más de 118.000 millones de pesos”, puntualizó el congresista.
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