Quipen es Pipe Montoya, el exnarco al que le tienen que devolver relojes, lingotes de oro y millones que se robaron de la SAE

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) tiene la orden de restituir a Carlos Felipe Toro, conocido en el mundo criminal como Pipe Montoya, una serie de bienes que incluyen diez lingotes de oro, un total de 69 relojes de lujo valorados en aproximadamente 1.300 millones de pesos y 218 millones en efectivo.

Los activos fueron confiscados durante su arresto en diciembre de 2019 en Tenjo (Cundinamarca), donde Toro y su esposa, María Fernanda Ángel Muñoz, fueron detenidos y acusados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, producto de acciones ilegales relacionadas con el narcotráfico.

“Carlos Felipe Toro Sánchez, alias Pipe Montoya; y su esposa, María Fernanda Ángel Muñoz o Nana, fueron capturados en su residencia ubicada en un lujoso condominio en la vía Suba Cota (Cundinamarca). La pareja fue presentada en audiencias concentradas y una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos le imputó cargos por los delitos de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares”, dijo la Policía en su momento, tras el operativo.

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Carlos Felipe Toro, alias Pipe Montoya, es señalado como exjefe de sicarios vinculado con redes de narcotráfico, junto a su primo Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego, figura prominente del cartel del Norte del Valle.

Pipe Montoya fue arrestado en 2003, extraditado a Estados Unidos y condenado a 19 años de prisión, Toro cumplió nueve años antes de regresar a Colombia en 2012 y quedó en libertad ante la ausencia de cargos pendientes hasta su captura en 2019.

En ese momento, la Policía y la Fiscalía indicaron que varias investigaciones sobre diversas operaciones económicas vinculadas con los carteles del narcotráfico revelaron indicios de manipulaciones financieras, acumulación de grandes fortunas y lavado de activos por parte de individuos extraditados que volvieron a Colombia tras cumplir sus penas en el exterior, entre ellos Pipe Montoya.

De acuerdo con las autoridades, Carlos Felipe Toro Sánchez regresó a Colombia en 2012 con el objetivo de recuperar los activos del narcotráfico y disfrutar del imperio económico que había edificado con sus acciones delictivas al servicio del cartel del Norte del Valle.

Las investigaciones, supuestamente, demostraron que Pipe Montoya y su esposa habrían establecido una red de lavado de activos durante siete años, mediante la cual adquirieron, vendieron y liquidaron propiedades de alto valor sin reportar dichas transacciones a las autoridades fiscales ni justificarlas mediante el sistema bancario.

“En las indagaciones se constató que Pipe Montoya y su esposa consolidaron una presunta red de lavado de activos que les permitió en siete años comprar, vender y enajenar bienes de alto valor. Dichas actividades comerciales se habrían realizado con ayuda de testaferros, no fueron reportadas a las autoridades tributarias ni soportadas con transacciones a través del sistema bancario”, dijo la Fiscalía en su momento.

A través de esta estructura, según la Fiscalía, en 2015 la pareja fundó el Criadero Nuevo Amanecer S.A.S., con sede en Tenjo, Cundinamarca, y registrado en Cali, Valle del Cauca y, a pesar de declarar activos por 50 millones de pesos, la empresa se posicionó rápidamente como una de las más destacadas en Colombia, especializada en caballos de paso fino, cuyo valor por ejemplar podría ascender hasta los 2 millones de dólares.

El lujo de las instalaciones y la sofisticación en el trato y cuidado de los animales son algunos de los aspectos que marcan la distinción de este criadero. Investigaciones incluyeron el acceso a conversaciones telefónicas en las que ‘Pipe Montoya’ negociaba la venta del Kan de Kanes de San Marcos por 2 millones de dólares en efectivo, potro reconocido internacionalmente y ganador de múltiples competencias de paso fino.

No obstante, las acusaciones contra Felipe Toro y María Ángel no avanzaron, y posteriormente se dio a conocer que detención podría haberse debido a una negativa a ceder ante extorsiones por parte de funcionarios judiciales, lo que conllevó a una orden de devolución de los bienes incautados.

Sin embargo, cuando inició el proceso, los lingotes de oro, relojes y demás no fueron encontrados en la SAE e informes de la Fiscalía establecieron que fueron sustraídos en octubre de 2023, lo que desencadenó una investigación que señala la posible existencia de una red de corrupción que implica a fiscales, miembros de la Dijín y funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales.