La Aeronáutica Civil compró sillas a 13 millones cada una y la empresa que las vendió se justificó: “Ponerlas en Colombia tiene un costo”

Luego de un mes largo de que la Procuraduría emitiera la notificación de que iba a investigar una presunta trama de sobrecostos en la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) por la adquisición de 34 sillas ergonómicas valoradas individualmente en aproximadamente 13 millones de pesos -destinadas al personal de Control de Tráfico Aéreo de la regional Centro Sur, con sede en Bogotá-, se conocieron declaraciones de la empresa que las suministró.

Según información investigativa de El Tiempo, Invector SAS fue la firma proveedora, que también ha sido conocida por ser un actor con millonarias contrataciones estatales, con instituciones como el Ministerio de Minas, Transmilenio, el Servicio Geológico Colombiano y la Dirección General de la Policía Nacional. Tal particularidad puede añadir interrogantes sobre la transparencia y la adecuación de precios en las compras públicas, algo que ya el ente de control está indagando.

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Esto dijo la empresa que trajo las sillas

La controversia por los exorbitantes precios de estas sillas se despertó tras la revelación de que tres funcionarios de la Aerocivil, identificados como Esther Josefina Vargas García, Laura María Cantillo Guzmán y Jairo Eduardo Guarnizo Escobar, habrían sido los que presuntamente incurrieron la compra con precios que se presume que son irregulares.

Según se publicó en el medio informativo nacional, la firma, por su parte, defendió la transacción, y alegó que los precios se justifican por las características especiales de los muebles, destinados a operaciones críticas. Rodrigo Suárez, ingeniero y accionista de la compañía, señaló para el portal que: “No hay ningún sobrecosto por las especificaciones de los mobiliarios”.

De acuerdo con su explicación, las sillas pertenecen a la marca Humanscale, conocida por sus productos especializados, con un rango de precios en Estados Unidos que va desde 2.000 hasta 10.000 dólares -aproximadamente entre 8.000.000 y 40.000.000 de pesos colombianos-, sin incluir los gastos derivados de su importación a Colombia. Suárez también hizo hincapié en que “las sillas de la Aerocivil son de especificaciones media, especializadas para operaciones 7 por 24″.

“Las sillas son de marca Humanscale, de la cual somos representantes en Colombia. Las sillas de la Aerocivil son de especificaciones media. Son sillas especializadas para operaciones 7 por 24″, dijo.

Y añadió que “No hay ningún sobrecosto por las especificaciones de los mobiliarios. Son sillas con especificaciones especiales que se consiguen en Estados Unidos, entre 2 mil hasta 10 mil dólares y ponerlas en Colombia tiene un costo”, fueron sus palabras al medio.

La controversia

Fue entonces, en marzo 13, cuando se comunicó la apertura de una investigación disciplinaria por parte del Ministerio Público. Y es que, si bien la empresa que trajo las sillas negó las presuntas irregularidades, y afirmó que había productos de hasta 10.000 dólares, en la página web de Humanscale, los precios de las sillas ergonómicas no superan los 5.000 dólares, en aproximación.

Por ejemplo, los precios de la mayoría de mobiliarios arrancan en más o menos 258 dólares y su silla más costosa es la Summa, que cuesta 5.062 dólares (19.951.012 pesos: vale más de 13 millones de pesos colombianos), seguida por la Smart Conference, que se encuentra en 2.870. Otra que también brilla por su precio es una de las sillas de la serie Ocean -que son realizadas con plástico recogido de los océanos - y está (sin descuento) en 2,318 dólares.

A menos que Humanscale realice mobiliarios con especificaciones singulares, a la medida, es posible que existan sillas de hasta 10.000 dólares. No obstante, en el catalogo de la marca que se encuentra en la web, no hay indicios de estos precios.

Este escándalo no solo ha llamado la atención sobre los precios de los insumos adquiridos por entidades estatales sino también sobre las dinámicas de contratación pública en el país. A fin de esclarecer la situación, la Procuraduría ha solicitado un dictamen al área financiera de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para evaluar si los precios de las sillas ergonómicas adquiridas coinciden con los valores de mercado del momento, intentando determinar la existencia o no de un presunto sobrecosto. Además, ha requerido información detallada sobre los funcionarios bajo investigación, incluyendo su trayectoria y antecedentes laborales, en un esfuerzo por comprender completamente las circunstancias que rodean esta compra.