
Continúa la polémica por el otorgamiento de pasaportes diplomáticos a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro y a su esposa, Beth Levy Bethel. La controversia surgió a raíz de un apublicación hecha por la Revista Semana, que reveló que estas dos personas habrían recibido los documentos sin ostentar algún cargo publico y los habrían usado de manera irregular para viajar por varias partes del mundo.
Al respecto, la concejal de Bogotá, Diana Diago interpuso una queja ante la Procuraduría General de la Nación por la presunta extralimitación de funciones del canciller suspendido Álvaro Leyva, y otros funcionarios que puedan resultar responsables, por haber emitido dichos pasaportes a Petro y su pareja.
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“La situación que motiva esta queja se fundamenta en el hecho reportado por Revista Semana el 6 de abril de 2024 (...) donde se plantea que Juan Fernando Petro, hermano del Presidente de la República, Gustavo Petro, y la señora Beth Levy Bethel, pareja sentimental de Juan Fernando Petro, han sido beneficiados con la expedición de pasaportes diplomáticos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, a pesar de, aparentemente, no cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 6885 de 2023, que regula quiénes pueden tener derecho a este tipo de pasaportes”, señala Diago en el recurso dirigido a la procuradura Margarita Cabello Blanco.
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La cabildante puso de presente lo establecido en el artículo 25 de la Resolución 6885 de 2023, que señala a quienes tienen derecho a la expedición del pasaporte dioplomático en Colombia. En ese sentido, la norma no contempla a ciudadanos que no ejerzan funciones públicas o diplomáticas.
Sobre los viajes que habrían realizado Juan Fernando Petro y Beth Levy Bethel a distintos destinos como Milán, Madrid, Barcelona y París, el hermano del presidente aseguró Semana que no usaron su rango diplomático en sus viajes. “¡Yo qué voy a saber de normatividad! Yo simplemente con mi esposa fuimos a la Cancillería, simplemente a mostrar que teníamos un documento internacional, por una resolución de nombramiento internacional”, dijo en entrevista con el medio ya citado.
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Y es que, Petro señala que el documento lo solicitó en condición de miembro de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y le fue expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 13 de octubre de 2022, dos meses después de Gustavo Petro llegara a la Presidencia, con una vigencia que va hasta el 15 de enero de 2025.
Sobre Bethel, la mujer también cuenta con un pasaporte diplomático, apareciendo como coordinadora del Cuerpo de Paz de esa misma comisión, según pudo establecer El Tiempo.

Sin embargo, pese a que Juan Fernando Petro perteneció a la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, fue expulsado el 19 de marzo de 2024, luego de que el mismo director de la organización, Rodrígo Ricaurte, expresara que el trabajo que realizó en temas de paz fue “nulo”, y que este se dedicó a otras actividades que “lo único que hizo fue causar escándalos, incendios para nuestra comisión derribando la imagen”.
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Para la concejal Diana Diago, “Bajo este contexto, el señor Juan Fernando Petro, ciudadano sin cargo público ni función oficial, habría obtenido un pasaporte diplomático que le otorga privilegios reservados para altos funcionarios diplomáticos, sin que exista justificación legal para tal concesión”.
Así las cosas, dice, este acto podría interpretarse como un presunto caso de extralimitación de funciones por parte de Álvaro Leyva y los demás funcionarios que hayan influido en el trámite de expedición de los pasaportes, otorgando al hermano del presidente y a su esposa, ”un trato preferencial sin justificación legal aparente por parte de la Cancillería”.
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Por todo lo anterior, Diago solicitó se realice una investigación exhaustiva sobre estos hechos y que se tomen las medidas disciplinarias correspondientes en caso de confirmarse la existencia de irregularidades. Asimismo, instó a que se revisen los procedimientos relacionados con la expedición de pasaportes diplomáticos, con el fin de prevenir y evitar situaciones similares en el futuro.
“(...) es fundamental que dicho proceso (de expedición de pasasportes diplomáticos) se lleve a cabo de manera transparente, conforme a la normativa vigente y sin favorecer a individuos por motivos ajenos a los criterios legales establecidos”, concluyó la concejal.
A continuación, la queja de la concejal Diana Diago completa:
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