Un nuevo escándalo surgió al interior de uno de centros carcelarios del país, en esta ocasión en la cárcel de alta y mediana seguridad (EPAMCASVALL) de la ciudad de Valledupar (Cesar), por un presunto caso de acoso sexual.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra Wilmer Manosalva Téllez, inspector de dicho centro penitenciario, por presuntos actos sexuales violentos y acoso sexual.
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El ente disciplinario verifica los hechos ocurridos pues, al parecer, en el centro penitenciario cuando el investigado habría acosado y abusado sexualmente de un joven que se encontraba prestando el servicio militar como auxiliar bachiller.
Además, la Procuraduría General de la Nación busca confirmar si el funcionario público actualmente se encuentra con medida de aseguramiento en su lugar de residencia, tras enfrentar una investigación penal en la que habría sido imputado por el delito de acto sexual agravado, el cual aceptó tras ser capturado en el barrio Don Carmelo de Valledupar.
Cabe recordar que, en septiempre de 2023, el Ministerio Público abrió otra investigación por hechos similares sucedidos en la cárcel de Valledupar. De acuerdo con la denuncia, un grupo de dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) habría acosado a unos jóvenes que prestaban servicio militar en la institución.
Lo anterior, estuvo ligado a tres procesos radicados en la Fiscalía General de la Nación en los que también se investigó sobre el presunto delito de persecución sexual y abuso de autoridad de los dragoneantes contra auxiliares.
Defensoría del Pueblo instó al Ministerio de Justicia a implementar medidas que protejan a funcionarios del Inpec
Ante la ola de violencia que se vive en el Valle del Cauca y siendo este, uno de los departamentos del país que más ha registrado incidentes en contra de la vida e integridad de guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Justicia implementar medidas urgentes, “con carácter real y efectivo”, que protejan la vida de funcionarios y que garanticen las condiciones de seguridad para que estos puedan desempeñar sus labores.
“Es apremiante adoptar medidas de protección y fortalecer la presencia institucional, especialmente en el Valle del Cauca, donde se evidencia una espiral de violencia en contra de funcionarios del Inpec. El Ministerio de Justicia, como cabeza del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, debe dar las garantías para que el personal del Instituto pueda desempeñar sus labores de vigilancia y custodia”, es el llamado del defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La solicitud la hace debido a los recientes y trágicos hechos, cuyas víctimas fueron algunos de los integrantes del personal de custodia en el departamento del Valle del Cauca.
El más reciente sucedió el 9 de abril, cuando hombres armados asesinaron en la entrada del penal en Buga al dragoneante Léider Romo Rojas, quien se disponía a realizar sus labores. Ese mismo día, pero en el municipio de Tuluá, fue herido de gravedad con arma de fuego el dragoneante Nicolás Torres Noreña. Un día antes, en el municipio de Palmira, también fue ultimado Néstor Quevedo Díaz, quien era pensionado del Inpec.
En lo corrido del 2024, dos funcionarios fueron víctimas de atentados en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad del municipio de Jamundí, y uno más resultó herido en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Tuluá, lo que evidencia la problemática que afrontan.
Lo que está ocurriendo se agrava con amenazas que se concretan a través del envío de coronas fúnebres y panfletos amenazantes a guardianas y guardianes en diferentes centros penitenciarios y carcelarios.
“Los derechos a la integridad, a la vida y al trabajo deben ser garantizados para los servidores públicos que en este momento son objeto de intimidaciones. La presión de los grupos armados ilegales no puede doblegar el aparato estatal”, manifestó Carlos Camargo Assis.
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